11. La transición española y la Constitución de 1978

1. La situación a la muerte de Franco. El gobierno de Arias Navarro.

El 20 de noviembre de 1975 muere Franco, y según las Leyes Fundamentales, debía ser sucedido por el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, que antes debía jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, dos días más tarde. Su discurso fue prudente pero dejaba intuir algunos cambios: sin referencias a la guerra civil, ni al Movimiento, y sí a la reconciliación, la libertad y al reconocimiento de las peculiaridades regionales (“el rey quiere serlo de todos a un tiempo”).

La nueva situación política estaba abierta y era la época de las transiciones de la Europa mediterránea (Grecia, Portugal y España). Los había inmovilistas, que procedían del franquismo (viejos falangistas, ejército, sindicalismo vertical...) y “después de Franco, las instituciones”. Dentro también del franquismo estaban los aperturistas, que pensaban en abrir un poco el régimen, crear asociaciones políticas, aunque no fueran partidos y establecer un “contraste de pareceres” dentro siempre del Movimiento Nacional. Hablamos de Fraga y Silva Muñoz.

Fuera del régimen estaba la oposición, cada vez más crecida. Había grupos de oposición moderada (por ejemplo los monárquicos de don Juan de Borbón, los demócrata-cristianos y liberales) que preferían el final del régimen por procedimientos no rupturistas y oposición radical, representada por la izquierda tradicional: el PCE y el PSOE, los sindicatos clandestinos, UGT, CCOO, USO, CNT, que hablaban de ruptura. Alrededor del PCE, símbolo de la lucha antifranquista, y con CCOO, mónarquicos, carlistas se crea la Junta Democrática (1974). Alrededor del PSOE, con la UGT, el PNV, Izquierda Democrática, Unión Socialdemócrata... se crea la Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas organizaciones se unieron en la Coordinación Democrática, popularmente conocida como Platajunta.

El 22 de noviembre el rey “confirmó” al presidente de gobierno Carlos Arias Navarro. . El entendimiento con el rey nunca fue bueno. En este heterogéne primer gabinete de la monarquía había militares, viejos franquistas y algunos reformistas como Garrigues, Fraga o Areilza, los únicos cambios fueron de discurso (“participación” por “adhesión” al régimen). No hubo intento de legalizar los partidos políticos, sino algunas leyes sobre el derecho de asociación y reunión que pudieron facilitar la organización de éstos, así como un tímido indulto para algunos presos políticos. En abril de 1976 la situación empezó ha hacerse difícil: La huelga de Vitoria en la que mueren 5 obreros a manos de la policía, o los sucesos de Montejurra, en la que dos grupos de carlistas (liberales y reaccionarios) se enfrentan con el resultado de dos muertos. El búnker rechazó en las Cortes un tímido proyecto de Ley de Asociaciones. No se avanzaba en la liberalización política.

El rey, en un viaje a los Estados Unidos y en unas declaraciones a Newsweek había declarado su propósito de establecer en España un régimen democrático y había hablado veladamente de los problemas con Arias Navarro. Este tardó en asimilar la nueva situación y presionado por diversos sectores presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. Además, Juan Carlos comunicaba a Pablo VI su renuncia al privilegio de presentación de obispos.

2. El gobierno de Adolfo Suárez.

El 3 de julio de 1976, a través de la negociación de Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, oscuro burócrata falangista, pero joven y con dominio de los medios de comunicación. España quedó sorprendida. Suárez tuvo muchas dificultades por la negativa a integrarse en su gobierno de los políticos importantes, por lo que su gabinete quedó formado por políticos jóvenes (especialmente del grupo Tácito*). Con cautela, se proponía la creación de un nuevo régimen político “de ley a ley”, de las leyes de Franco a las democráticas. Ultilizó el decreto-ley para las reformas: amnistía para presos políticos sin delitos de sangre, suprimir el Tribunal de Orden Público (TOP, encargado de la represión política), disolver el Movimiento Nacional... Se enfrentó a los militares cuando legalizó los sindicatos y el general De Santiago dimitió, siendo sustituido por Gutierrez Mellado.

La propuesta más ambiciosa se llamó Ley para la Reforma Política (LRP) y fue elaborada por Torcuato Fernández Miranda, que había sido nombrado por el Rey presidentes de las Cortes. Además había introducido en las Cortes un Procedimiento de Urgencia para la tramitación de leyes y evitar la resistencia al cambio. La Ley para la Reforma Política establecía el sufragio universal, unas Cortes de dos Cámaras, Congreso y Senado. El Rey podía someterla a referéndum del pueblo. La iniciativa de la reforma de leyes la tendría el gobierno y el Congreso de los diputados. El rey siempre tendría la posibilidad de promover referendos. Sería una Ley Fundamental. Era la clave para las bases de un sistema democrático, pero tenía que ser aprobada por las Cortes Franquistas. Con una gran habilidad política (por ejemplo, el voto nominal) Suárez consiguió que fuera aprobado por 435 votos, 59 negativos y 13 abstenciones. Esta votación supuso el fin de las cortes franquistas, por lo que se le conoce popularmente como el “Harakiri”.

Por su parte la oposición prefería una ruptura y no terminaba de convencerse ni siquiera del rey (“Juan Carlos, el Breve” denunció Santiago Carrillo, líder del PCE, en el exilio), ni mucho menos con Suárez. Esta oposición había unido sus fuerzas en la Coordinación Democrática o Platajunta. Su propuesta política era una ruptura: gobierno provisional de concentración, amnistía, legalización de partidos, cortes constituyentes. Suárez se fue entrevistando con los líderes políticos de la oposición (Tierno Galván, del PSP, Felipe González, del PSOE y Santiago Carrillo, del PCE, de manera clandestina), y poco a poco evolucionaría hacia una reforma pactada. Santiago Carrillo se había introducido clandestinamente en España y dirigía en la ilegalidad al Partido Comunista terminó por hacerse detener por la Policía para poder ser puesto en libertad. Desde la muerte de Franco, aunque eran ilegales, los partidos actuaban con cierta tolerancia. El PSOE celebró su XXVII Congreso en Madrid en diciembre de 1976. Felipe González se mostró moderado.

Esta época de la transición vivió las más intensas movilizaciones populares, huelgas, manifestaciones, no sólo de carácter laboral, sino también político, especialmente pidiendo amnistía y autonomía regional, sobre todo cuando se reconoció el derecho a la huelga. Entonces se celebró la primera manifestación feminista. Una de los puntos más importantes fueron los presos políticos, en 1975 se concedió un indulto, pero la amnistía más importante no llegó hasta 1977, sin incluir a los implicados en delitos de sangre. ETA, por su parte seguía entorpeciendo los intentos democratizadores por medio de atentados que justificaban el inmovilismo del búnker. El GRAPO, de extrema izquierda, secuestró en diciembre de 1976 al presidente del Consejo de Estado, y semanas más tarde al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y asesinó a tres policías, lo que obligó al gobierno a decretar el Estado de Excepción.

La extrema derecha se activó por fuerzas ligadas al aparato represivo del franquismo y por organizaciones paramilitares de ideario nazi. Los “Guerrilleros de Cristo Rey”, bandas fascistas financiadas y organizadas por burócratas del Franquismo y alentadas por publicaciones como Fuerza Nueva y el periódico El Alcázar, camparon libremente con el beneplácito de l policía. Librerías y publicaciones democráticas fueron sus objetivos (más de cien en 1976). En la misma semana del asesinado de tres policías por el GRAPO, pistoleros de ultraderecha mataban en la calle de Atocha a cinco abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE. Más de un millón de huelguistas se manifestaron ante la barbarie, pero con total ausencia de incidentes, lo que contribuiría al pronto reconocimiento del PCE

La Iglesia poco a poco se fue distanciando del Régimen franquista. Especialmente significativa es la homilía del cardenal Tarancón al Rey pidiendo apertura. La jerarquía no temía la quema de conventos. Por el contrario, los militares, casi en su totalidad (excepto la UMD) defendía el franquismo y abominaban de las autonomías que suponen la ruptura de la Patria.

La Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976 y se publicó en el BOE el 4 de enero. La oposición pidió la abstención, pero la participación fue cercana al 70%. Esto supuso además un fortalecimiento para la postura de Suárez. La labor urgente era crear las condiciones para que aparecieran los partidos políticos.

El gobierno Suárez dictó el Decreto-Ley de 8 de febrero de 1977 por el que se regulaba la forma en la que se declaraban legales los partidos políticos. Se presentaban los documentos al ministerio del Interior, si había algo que pudiera suponer alguna ilegalidad, el Ministerio los mandaría al Tribunal Supremo para que resolviese. Aparecieron grupos políticos de derecha, centro e izquierda –los más antiguos. En la derecha Alianza Popular de Fraga Iribarne. En el centro, Adolfo Suárez se acercó algunos grupos centristas creándose la Unión de Centro Democrático (UCD) que recoge buena parte del franquismo sociológico. A la izquierda estaba el PSOE, y un sinnúmero de pequeños grupos de izquierda. El problema más grave fue la legalización del Partido Comunista. Se llevó a cabo el Sábado Santo, 9 de abril de 1977. Con gran alegría para la oposición y disgusto y decepción para los militares y el búnker. Los comunistas, en señal de conciliación renunciaban a la bandera republicana y aceptaban la monarquía.

Como muestra de normalización, Juan Carlos recibía de forma oficial la renuncia de su padre a la corona, conservando el título de conde de Barcelona.

De acuerdo con la Ley para la Reforma Política, Suárez inició el proceso preautonómico y la descentralización del Estado de todas las regiones que lo solicitasen. De esta forma se intentaba responder a las manifestaciones reclamando los nacionalismos históricos, catalán, vasco, gallego o andaluz. El primer paso se dio en Cataluña, donde hubo un amplísimo consenso. Trras la Diada de 1977 (Día de Cataluña), Suárez, por decreto ley restablecía provisionalmente la Generalitat y se nombraba presidente a Josep Tarradellas, que lo había sido en el exilio. El caso vasco fue distinto debido al terrorismo de ETA y a que los nacionalistas exigían la incorporación de Navarra. El PNV no llegaróa a reconocer la Constitución y exigía la soberanía nacional vasca. A pesar de ello, en diciembre de 1977 se constituía el Consejo General Vasco, presidido por Ramón Rubiales. A lo largo de 1978 se crearon por decreto ley otros entes preautonómicos. La generalización del proceso dio lugar a prisas e improvisaciones qu no respondían a necesidades nacionalistas históricas, sino a los intereses de la clase politica.


3. Elecciones generales y Constitución Española

Fueron convocadas el 15 de abril de 1977 para ser celebradas dos meses después, el 15 de junio. Las elecciones se celebraron con absoluta normalidad y una participación alta. Los resultados electorales dieron la mayoría a la UCD. La UCD consiguió 165 escaños, seguidos por el PSOE con 118, PCE con 20 y AP con 16. CIU y PNV obtuvieron 13 y 8 respectivamente. El centro había prevalecido, marginando las opciones extremas de izquierda y derecha. El fracaso más llamativo fue el de la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez y Gil-Robles. El sistema había creado un bipartidismo imperfecto.

Aunque no tenían el rango de Constituyentes, las Cortes se dedicaron a elaborar una constitución democrática. El proceso fue de consenso entre los partidos, y fue larga su elaboración. La comisión encargada de redactar la constitución la formaron Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gabriel Cisneros (UCD), Miquel Roca (CIU), Manuel Fraga (AP), Peces Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (PCE). Una de las características fundamentales es que, dentro de una reforma pactada del Franquismo, la constitución se basó en el consenso.

Además hay que recordar que en estas cortes que se convirtieron en Constituyentes, no hubo mayoría absoluta de ningún grupo político. Está acomodada en los supuestos del constitucionalismo europeo de posguerra, con influencias de la Ley Fundamental de Bonn, francés e italiano. Un modelo de Estado pluralista, no centralista pero sí unitario y un régimen de monarquía parlamentaria; todo ello en el marco de una economía de mercado, es decir, asumiendo el capitalismo, si bien se posibilita cierta intervención del Estado como correctivo. Ya en el preámbulo, que aunque en sí no tiene carácter de norma, enuncia el espíritu democrático, liberal, respetuoso y protector del bienestar de los españoles y del conjunto de los pueblos de la Nación.

Los aspectos más polémicos fueron los relativos a la articulación de las autonomías. Por ejemplo, cuando se votó la indivisibilidad de la soberanía española, el PNV se abstuvo.

El texto define un Estado no confesional, aunque urge a los poderes públicos a tener en cuenta la religiosidad de los españoles y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. La fórmula intentaba superar los problemas del laicismo en la II República. Se recogerá la aconfesionalidad del Estado, pero se tenía en cuenta "las creencias religiosas de la sociedad española"

Tres corrientes ideológicas influyeron: el liberalismo (derechos individuales, imperio de la ley, división de poderes), socialismo democrático (Estado social dentro del capitalismo, es decir, que puede intervenir para corregir las desigualdades) y el humanismo cristiano.

1. Derechos Fundamentales

El Título Preliminar contiene los valores fundamentales, una multiplicidad de objetivos, no siempre en estrecha coherencia ni significado inequívoco. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, es decir, que es social como principio orientador a los poderes públicos, por el interés en mejorar el bienestar de la comunidad, democrático por la participación ciudadana, y de Derecho porque todos los poderes públicos están sujetos al cumplimiento de la ley.

La “soberanía nacional reside en el pueblo español”, es decir que aunque haya sufragio universal, y haya una democracia representativa, es el conjunto de la nación quien es el titular de la soberanía. Somos una sola nación y la voluntad popular constituyente es nacional, de forma que sería imposible cualquier pretensión de autodeterminación por una parte del territorio nacional. Sin embargo, la nación que es una e indivisible, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía (Título VIII). Un ejemplo del carácter pactado de la transición lo tenemos en la expresión de que la “constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

La importancia que supone la nueva situación hace que aparezca el pluralismo político como valor superior y en artículos destacados. Así no sólo se marca la novedad frente al franquismo sino que van a ser los partidos políticos los creadores de la voluntad general.

Los derechos y deberes fundamentales se dividen en los individuales: dignidad de la persona, respeto a la ley, libre desarrollo de la personalidad, igualdad ante la ley, derecho a la vida y la integridad (se abole la pena de muerte), libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, derecho al honor, de expresión... Estos derechos aseguran a las personas su autonomía frente a los poderes públicos, los grupos u otras personas. Su falta infringe el Código Penal. Sólo el derecho a manifestación debe ser comunicado previamente y puede ser denegado. Las libertades públicas incluyen el derecho de reunión pacífica, de asociación, de educación... La participación política se hará mediante los partidos políticos, y el derecho de petición individual y colectiva. También se incluyen en el título primero los derechos que son deberes: derecho y deber de defender a España, a sostener los gastos públicos, al trabajo, al matrimonio, la propiedad privada y la herencia (pero “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”).

La novedad la suponen los derechos económicos y sociales, la tercera generación de derechos, los “derechos potenciales”. Tratan de ser la aspiración de una sociedad en un Estado de Bienestar e inspiran a los poderes públicos en una futura legislación positiva y al Tribunal Constitucional. Estos principios carecen de una protección directa, pues el ciudadano no puede alegar derechos constitucionales. Protección a la familia, la Seguridad Social, derecho a la protección a la salud, disfrutar del medio ambiente, del patrimonio cultural, vivienda digan, integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, defensa de los consumidores... Aquí se demuestra el carácter social de nuestro Estado de Derecho.

La constitución establece un sistema de garantías que protegen el conjunto de derechos y deberes, que están graduados según se trate de personales, individuales, colectivos, de ciudadanía o principios rectores. Los más protegidos son del 14 al 29: igualdad ante la ley, derecho a la vida e integridad, libertad ideológica, libertad y seguridad, honor, circular libremente, libertad de expresión, reunión, asociación, participación en asuntos públicos, tutela efectiva de los tribunales, educación. Sindicación y petición.

La novedad de esta constitución es la figura del Defensor del Pueblo, proveniente del Ombudsman sueco y cuyo origen remoto podemos encontrarlo en el Justicia de Aragón. Es una alto comisionado elegido por las cortes que tiene como misión defender a cualquier ciudadano de los derechos del Titulo I.

2. La Corona y los poderes.

El artículo 1.3. define la forma política del Estado español como una Monarquía parlamentaria. Forma política y no forma de gobierno significa que el rey es jefe de Estado, pero está separado del Poder Ejecutivo. El rey es símbolo de la unidad de la patria y sus funciones son de arbitraje –muy controlado- pero con una “zona de penumbra” muy amplia. Su papel es arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, representar a España en el exterior.

Las Cortes Generales tienen el poder legislativo. Están compuestas por Congreso de los Diputados y Senado, y formalmente tienen preeminencia sobre el Ejecutivo –Gobierno-, aunque en la práctica sea al contrario. Las dos Cámaras se eligen por sufragio universal directo. Sus funciones son el poder legislativo, aprobar los presupuestos controlar al gobierno. El Senado es la cámara de representación territorial, por lo que hay senadores que son representantes de las Comunidades Autónomas y se renuevan con las elecciones autonómicas, no con las generales.

El Congreso de los Diputados tiene preeminencia sobre el Senado –del que se ha llegado a cuestionar su necesidad-: las cuestiones de confianza, las mociones de censura, control del gobierno, son funciones del Congreso. El senado tiene más bien es una “cámara de enfriamiento”. Ambas cámaras trabajan en sesión plenaria o en comisiones, formadas por grupos de diputados con voto proporcional a su peso parlamentario.

Tanto el Gobierno como el Parlamento tienen iniciativa legislativa, y también se reconoce la iniciativa popular y de las Comunidades Autónomas. Una vez que el proyecto de ley llega al Congreso se inicia su tramitación Si el Congreso lo acepta es un proyecto de ley. En la práctica la mayoría de las leyes parten de la iniciativa del Gobierno.

Una de las prioridades de la constitución fue la de crear un gobierno estable. El poder Ejecutivo está formado por el Gobierno y la Administración. El gobierno está formado por el presidente y los ministros que nombre. En su relación con las Cortes, se refuerza el papel del Gobierno: puede conseguir la investidura (nombramiento) por mayoría simple, la confianza también es por mayoría simple, la moción de censura es constructiva –es decir, hay que presentar un candidato alternativo-. El presidente dispone de la facultad de disolver las Cortes. El parlamento por su parte también puede someterlo a interpelaciones y sesiones de control. El Gobierno dirige la política interior y exterior, las administraciones civil y militar.

El poder Judicial consigue una relativa independencia: el Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial son independientes del ministerio de Justicia. La organización del poder judicial se superpone la de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas, pero el conflicto más grave lo suponen el Tribunal Supremo y el Tribunal constitucional. El primero es teóricamente el máximo órgano, excepto para las cuestiones de los derechos fundamentales.

El Guardián de la constitución es el Tribunal Constitucional, órgano jurídico y no político, pero lo es por la forma en que es nombrado y su cometido. Su misión es velar porque el Parlamento o las Comunidades Autónomas pueden “equivocarse” dando supremacía a intereses políticos en perjuicio de la constitución. Es el único intérprete, infalible “un superpoder político”.

3. La organización territorial del Estado.

Fue el capítulo más polémico de la Constitución, puesto que había que satisfacer las ansias nacionalistas de vascos y catalanes sin levantar sospechas de romper la unidad de España. Por ejemplo, para evitar enfrentamientos se utilizó el neologismo “nacionalidades” en lugar de regiones o naciones. El Estados de las Autonomías se fundamenta en la indisoluble unidad de España y en la existencia de Comunidades Autónomas con órganos e instituciones territoriales. Es un Estado Unitario, no es federal, pero no es centralista. La autonomía partirá siempre de la solidaridad entre las regiones, no pueden existir fronteras dentro del territorio español.

La fórmula para acceder a la autonomía varía según se trate de una comunidad histórica, es decir, con estatuto de autonomía en la república o no. Para los primeros está pensado el artículo 151 y la general es el 143. El 151 prevé una autonomía más rápida y con mayores competencias, una mayor ventaja. El caso de Andalucía fue excepcional en la previsión constitucional.

Los artículos que asignan competencias están plagados de excepciones y frases equívocas para permitir –o no- una mayor autonomía. Hay competencias que son exclusivas del Estado central: nacionalidad inmigración, defensa, relaciones internacionales, legislación mercantil, penal, laboral, civil, sistema monetario... Y las Comunidades Autónomas pueden tener potestad legislativa, ejecutiva o ambas sobre estas cuestiones.

Las CCAA tendrán una Asamblea Legislativa, por sufragio universal. Un consejo de Gobierno con su presidente. Un Tribunal superior de Justicia y un Estatuto de autonomía, con rango de Ley Orgánica. También tienen sus recursos propios por impuestos cedidos o especiales, además de las transferencias de un fondo de compensación interterritorial.

Los estatutos vasco y catalán siguieron un proceso similar, aunque los resultados fueron diferentes. Fueron aprobados por Cortes y refrendados electoralmente el 25 de octubre de 1979. El catalán de manera rotunda, mientras que en el País Vasco hubo más oposición, porque Herri Batasuna (brazo político de ETA) pidió la abstención. En marzo de 1980 celebraron sus elecciones autonómicas.

4. Otras particularidades: economía y hacienda; la Reforma Constitucional.

El reducido título VII habla de la Economía y Hacienda reconoce que toda la riqueza del país está sometida al interés general. Se reconoce la intervención del Estado en economía y el interés de la modernización y cierta planificación general. Los tributos y los presupuestos también se regulan en este título de una manera somera.

Las disposiciones del Titulo X para la reforma constitucional hacen prácticamente imposible un cambio que no sea los necesarios para la integración en Europa.

4. Los Pactos de la Moncloa.

Suárez constituiría su segundo gobierno, el primer gobierno de partido, en julio de 1977. Paralelamente a la Constitución, Suárez eliminó de su gobierno a los tres ministerios militares. Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez se encargarían de encarar los problemas económicos derivados de la crisis del petróleo. Las líneas principales del nuevo gobierno adelantaban los pasos de la transición: institucionalización de las regiones en autonomías, negociar con la comunidad Económica Europea, combatir la inflación, y el déficit exterior, afrontar el paro y la reforma fiscal.

El final del franquismo, aunque aumento la renta per cápita, no lo hizo de una manera equitativa, y además, la transición coincide con la depresión ligada a la crisis del petróleo en 1973: subida del precio del petróleo, recesión de mercados, paro... Esto llevó a la inflación (26%), favorecido por el incremento del déficit del Estado. Las condiciones económicas llevaron a los enfrentamientos sociales pidiendo no sólo libertades sino también reivindicaciones salariales. Parte de los empresarios, muy ligados al franquismo, retiraron sus inversiones.

Uno de los grandes aciertos de Suárez fueron los Pactos de la Moncloa, impulsados por el vicepresidente Fuentes Quintana, firmados el 25 de octubre de 1977 por el gobierno y representantes de los partidos políticos. Fueron acuerdos a tres bandas: gobierno, empresariado, partidos-sindicatos, y tuvieron como objetivo fundamental la convalidación por la clase obrera del modelo económico y social que se establecería en la constitución. Los Pactos preveían reducir la inflación, acometer la reforma fiscal, la de la Seguridad social y la Empresa Pública. Los firmantes se comprometían a apoyar un nuevo marco de relaciones laborales: aumentos salariales conforme a la inflación prevista más un incremento.

Los efectos de los Pactos de la Moncloa permitieron a los políticos concentrarse en la Constitución y mejoraron la paz social, descendieron la conflictividad y la normalización de las relaciones laborales. Se ha intentado salir de la crisis con subvenciones al paro, indulgencia fiscal, permisividad de cierre empresarial y con la rebaja del valor del trabajo.

Estos ambiciosos planes no pudieron realizarse a corto plazo. Se emprendió la reforma de la Hacienda. Bajo el lema “Hacienda somos todos” se implantó un sistema basado en tres grandes contribuciones: las de la renta –de personas o IRPF y sociedades-, los impuestos sobre el gasto y los gravámenes sobre el patrimonio y las transmisiones. Se empezó la persecución de los defraudadores. De todas formas, en 1981 todavía los impuestos directos superaban a los indirectos.

5. Del gobierno de la UCD de 1977 al de Calvo Sotelo. El golpe de Estado del 23F.

Después de la aprobación de la constitución, la UCD ganó de nuevo las elecciones de 1979, con un escaso margen. Los resultados mostraban que había dos grandes partidos, UCD y PSOE. Avanzaban los partidos nacionalistas y la extrema derecha conseguía un escaño. Pero las elecciones municipales, las primeras de la democracia dieron el triunfo selectivo de la izquierda: los grandes núcleos urbanos pasaron a poder del PSOE. La UCD pretendió hacer una política reformista, pero la falta de cohesión y la presión del PSOE y los nacionalistas hicieron inviable su liderazgo.

Después de los Pactos de la Moncloa se elaboraron el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Nacional de Empleo. Más disputa supusieron la Ley de Incompatibilidades, la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de los Centros Docentes. El PSOE presentó una moción de censura al gobierno, que de acuerdo con la constitución tendría que proponer un candidato, Felipe González. Suárez superó la moción pero salió muy debilitado.

Desde mayo de 1980 se agudizó la crisis de la UCD y en septiembre Suárez remodeló su gobierno, un verdadero gobierno de concentración de tendencias dentro de la UCD. La situación fue inviable y el 29 de enero de 1981 Suárez dimitió.

En la sesión de investidura del nuevo presidente de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, 23 de Febrero de 1981, el país se sorprendió con un intento de golpe de Estado. Venía preparándose desde tiempo antes como reacción ante los cambios, y sobre todo con la excusa de la legalización del Partido comunista (una traición de Suárez y del propio rey), las autonomías y el terrorismo . Un grupo de doscientos guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero, entró en el congreso durante la votación. Al mismo tiempo, en Valencia se subleva el capitán general, Milans del Bosh y en Madrid, la División Acorazada Brunete está a punto de sacar los tanques a la calle.

Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no coincidentes del todo. Lo único claro que tenían era paralizar las reformas democráticas. Un conspirador clave fue el general Alfonso Armada, militar muy relacionado con la Casa Real. Armada parecía contar con el visto bueno del propio rey. Tras unas interminables horas, el Rey se dirigió a la nación por televisión en un breve comunicado, desautorizando el intento golpista. Antes de dirigirse a la nación reunió un gobierno con los secretarios de Estado ya que todos los ministros estaban en el Parlamento, y consultó con los capitanes generales de las Regiones Militares. Durante toda la noche los españoles estuvieron unidos a sus transistores. Al día siguiente se rindió Tejero y acabó el golpe. El juicio fue indulgente con los acusados. Y todavía hoy están por esclarecer algunos puntos, se supone que era un golpe menor, como preludio del realmente importante que acabaría con un gobierno de concentración, estando informados tanto elementos de la UCD como del PSOE, o incluso el Rey y los servicios secretos.

El gobierno de Calvo Sotelo no se diferenció de la de Suárez. La ley del Divorcio fue la más controvertida, incluso por miembros de la propia UCD. La Ley de Autonomía Universitaria fue retirada. Calvo Sotelo tampoco consiguió imponerse en su partido, incluso Suárez fundó su propio partido. Las tensiones nacionalistas aumentaban tras la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico –LOAPA-, que fue recurrida por los nacionalistas que pensaban que retiraba la autonomía que concedía la constitución. Fue rectificada en parte por el Tribunal Constitucional.

La mala suerte perseguía al Gobierno, que en mayo de 1981 vio cómo los hospitales se llenaban de pacientes con unos síntomas desconocidos. El “síndrome tóxico” causaría casi mil muertos y los supervivientes arrastrarían dolorosas secuelas de la ingestión de aceite de colza adulterado. Y tuvo que afrontar la responsabilidad en el “caso Almería”: tres jóvenes asesinados por la policía que los confundió con activistas de ETA.

En medio de la desbandada, Calvo Sotelo consiguió meter a España en la OTAN, en medio de la oposición general, e intentó la integración en la CEE. Calvo Sotelo adelantó las elecciones.

Estos son los años del destape, una vez suprimida la censura de espectáculos. La iglesia pierde su antigua influencia. Se pierden los valores tradicionales y se incorporan los nuevos modos de vida. El espíritu de tolerancia. Es el resurgimiento de las culturas locales, y de las nacionalidades. También son los años de un nuevo éxodo rural y de la inseguridad ciudadana y la entrada de la droga (heroína).


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* Grupo de reflexión política formado en 1973 por intelectuales de tendencia democristiana, algunos pertenecientes al régimen. Su órgano de expresión fue el diario católico Ya