12. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.Los gobiernos democráticos (1979-2000).

1. La situación a la muerte de Franco. El gobierno de Arias Navarro.
El 20 de noviembre de 1975 muere Franco, y según las Leyes Fundamentales, debía ser sucedido por el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, que antes debía jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, dos días más tarde. Su discurso fue prudente pero dejaba intuir algunos cambios: sin referencias a la guerra civil, ni al Movimiento, y sí a la reconciliación, la libertad y al reconocimiento de las peculiaridades regionales (“el rey quiere serlo de todos a un tiempo”).
La nueva situación política estaba abierta y era la época de las transiciones de la Europa mediterránea (Grecia, Portugal y España). Los había inmovilistas, que procedían del franquismo (viejos falangistas, ejército, sindicalismo vertical...) y “después de Franco, las instituciones”. Dentro también del franquismo estaban los aperturistas, que pensaban en abrir un poco el régimen, crear asociaciones políticas, aunque no fueran partidos y establecer un “contraste de pareceres” dentro siempre del Movimiento Nacional.
Fuera del régimen estaba la oposición, cada vez más crecida. Había grupos de oposición moderada (por ejemplo los monárquicos de don Juan de Borbón, los demócrata-cristianos y liberales) que preferían el final del régimen por procedimientos no rupturistas y oposición radical, representada por la izquierda tradicional: el PCE y el PSOE, los sindicatos clandestinos, UGT, CCOO, USO, CNT, que hablaban de ruptura. Alrededor del PCE, símbolo de la lucha antifranquista, y con CCOO, mónarquicos, carlistas se crea la Junta Democrática (1974). Alrededor del PSOE, con la UGT, el PNV, Izquierda Democrática, Unión Socialdemócrata... se crea la Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas organizaciones se unieron en la Coordinación Democrática, popularmente conocida como Platajunta.
El 22 de noviembre el rey “confirmó” al presidente de gobierno Carlos Arias Navarro. . El entendimiento con el rey nunca fue bueno. En este heterogéneo primer gabinete de la monarquía había militares, viejos franquistas y algunos reformistas (Garrigues, Fraga o Areilza), los únicos cambios fueron de discurso (“participación” por “adhesión” al régimen). No hubo intento de legalizar los partidos políticos, sino algunas leyes sobre el derecho de asociación y reunión que pudieron facilitar la organización de éstos, así como un tímido indulto para algunos presos políticos. En abril de 1976 la situación empezó ha hacerse difícil: La huelga de Vitoria en la que mueren 5 obreros a manos de la policía, o los sucesos de Montejurra, en la que dos grupos de carlistas (liberales y reaccionarios) se enfrentan con el resultado de dos muertos. El búnker rechazó en las Cortes un tímido proyecto de Ley de Asociaciones. No se avanzaba en la liberalización política.
El rey, en un viaje a los Estados Unidos y en unas declaraciones a Newsweek había declarado su propósito de establecer en España un régimen democrático y había hablado veladamente de los problemas con Arias Navarro. Este tardó en asimilar la nueva situación y presionado por diversos sectores presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. Además, Juan Carlos comunicaba a Pablo VI su renuncia al privilegio de presentación de obispos.



2. El gobierno de Adolfo Suárez.
El 3 de julio de 1976, a través de la negociación de Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, oscuro burócrata falangista, pero joven y con dominio de los medios de comunicación. España quedó sorprendida. Suárez tuvo muchas dificultades por la negativa a integrarse en su gobierno de los políticos importantes, por lo que su gabinete quedó formado por políticos jóvenes. Con cautela, se proponía la creación de un nuevo régimen político “de ley a ley”, de las leyes de Franco a las democráticas. Ultilizó el decreto-ley para las reformas: amnistía para presos políticos sin delitos de sangre, suprimir el Tribunal de Orden Público (TOP, encargado de la represión política), disolver el Movimiento Nacional... Se enfrentó a los militares cuando legalizó los sindicatos y el general De Santiago dimitió, siendo sustituido por Gutierrez Mellado.
La propuesta más ambiciosa se llamó Ley para la Reforma Política (LRP) y fue elaborada por Torcuato Fernández Miranda. La Ley para la Reforma Política establecía el sufragio universal, unas Cortes de dos Cámaras, Congreso y Senado. El Rey podía someterla a referéndum del pueblo. Sería una Ley Fundamental. Era la clave para las bases de un sistema democrático, pero tenía que ser aprobada por las Cortes Franquistas. Con una gran habilidad política (por ejemplo, el voto nominal) Suárez consiguió que fuera aprobado. Esta votación supuso el fin de las cortes franquistas, por lo que se le conoce popularmente como el “Harakiri”.
Por su parte la oposición prefería una ruptura y no terminaba de convencerse ni siquiera del rey (“Juan Carlos, el Breve” denunció Santiago Carrillo, líder del PCE, en el exilio), ni mucho menos con Suárez. Esta oposición había unido sus fuerzas en la Coordinación Democrática o Platajunta. Su propuesta política era una ruptura: gobierno provisional de concentración, amnistía, legalización de partidos, cortes constituyentes. Suárez se fue entrevistando con los líderes políticos de la oposición, y poco a poco evolucionaría hacia una reforma pactada. Santiago Carrillo se había introducido clandestinamente en España y dirigía en la ilegalidad al Partido Comunista terminó por hacerse detener por la Policía para poder ser puesto en libertad. Desde la muerte de Franco, aunque eran ilegales, los partidos actuaban con cierta tolerancia. El PSOE celebró su XXVII Congreso en Madrid en diciembre de 1976. Felipe González se mostró moderado.
Esta época de la transición vivió las más intensas movilizaciones populares, huelgas, manifestaciones, no sólo de carácter laboral, sino también político, especialmente pidiendo amnistía y autonomía regional, sobre todo cuando se reconoció el derecho a la huelga. Entonces se celebró la primera manifestación feminista. Una de los puntos más importantes fueron los presos políticos, en 1975 se concedió un indulto, pero la amnistía más importante no llegó hasta 1977, sin incluir a los implicados en delitos de sangre. ETA, por su parte seguía entorpeciendo los intentos democratizadores por medio de atentados que justificaban el inmovilismo del búnker. El GRAPO, de extrema izquierda, secuestró en diciembre de 1976 al presidente del Consejo de Estado, y semanas más tarde al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y asesinó a tres policías, lo que obligó al gobierno a decretar el Estado de Excepción.
La extrema derecha se activó por fuerzas ligadas al aparato represivo del franquismo y por organizaciones paramilitares de ideario nazi. Los “Guerrilleros de Cristo Rey”, bandas fascistas financiadas y organizadas por burócratas del Franquismo y alentadas por publicaciones como Fuerza Nueva y el periódico El Alcázar, camparon libremente con el beneplácito de l policía. Librerías y publicaciones democráticas fueron sus objetivos (más de cien en 1976). En la misma semana del asesinado de tres policías por el GRAPO, pistoleros de ultraderecha mataban en la calle de Atocha a cinco abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE. Más de un millón de huelguistas se manifestaron ante la barbarie, pero con total ausencia de incidentes, lo que contribuiría al pronto reconocimiento del PCE
La Iglesia poco a poco se fue distanciando del Régimen franquista. Especialmente significativa es la homilía del cardenal Tarancón al Rey pidiendo apertura. La jerarquía no temía la quema de conventos. Por el contrario, los militares, casi en su totalidad (excepto la UMD) defendía el franquismo y abominaban de las autonomías que suponen la ruptura de la Patria.
La Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976 . La oposición pidió la abstención, pero la participación fue cercana al 70%. Esto supuso además un fortalecimiento para la postura de Suárez. La labor urgente era crear las condiciones para que aparecieran los partidos políticos. Aparecieron grupos políticos de derecha, centro e izquierda –los más antiguos. En la derecha Alianza Popular de Fraga Iribarne. En el centro, Adolfo Suárez se acercó algunos grupos centristas creándose la Unión de Centro Democrático (UCD) que recoge buena parte del franquismo sociológico. A la izquierda estaba el PSOE, y un sinnúmero de pequeños grupos de izquierda. El problema más grave fue la legalización del Partido Comunista. Se llevó a cabo el Sábado Santo, 9 de abril de 1977. Con gran alegría para la oposición y disgusto y decepción para los militares y el búnker. Los comunistas, en señal de conciliación renunciaban a la bandera republicana y aceptaban la monarquía.
Como muestra de normalización, Juan Carlos recibía de forma oficial la renuncia de su padre a la corona, conservando el título de conde de Barcelona.
De acuerdo con la Ley para la Reforma Política, Suárez inició el proceso preautonómico y la descentralización del Estado de todas las regiones que lo solicitasen. De esta forma se intentaba responder a las manifestaciones reclamando los nacionalismos históricos, catalán, vasco, gallego o andaluz. El primer paso se dio en Cataluña, donde hubo un amplísimo consenso. Trras la Diada de 1977 (Día de Cataluña), Suárez, por decreto ley restablecía provisionalmente la Generalitat y se nombraba presidente a Josep Tarradellas, que lo había sido en el exilio. El caso vasco fue distinto debido al terrorismo de ETA y a que los nacionalistas exigían la incorporación de Navarra. El PNV no llegó a a reconocer la Constitución y exigía la soberanía nacional vasca. A pesar de ello, en diciembre de 1977 se constituía el Consejo General Vasco, presidido por Ramón Rubiales. A lo largo de 1978 se crearon por decreto ley otros entes preautonómicos. La generalización del proceso dio lugar a prisas e improvisaciones qu no respondían a necesidades nacionalistas históricas, sino a los intereses de la clase política.



3. Elecciones generales y Constitución Española
Fueron convocadas el 15 de abril de 1977 para ser celebradas dos meses después, el 15 de junio. Las elecciones se celebraron con absoluta normalidad y una participación alta. Los resultados electorales dieron la mayoría a la UCD. La UCD consiguió 165 escaños, seguidos por el PSOE con 118, PCE con 20 y AP con 16. CIU y PNV obtuvieron 13 y 8 respectivamente. El centro había prevalecido, marginando las opciones extremas de izquierda y derecha. El fracaso más llamativo fue el de la Democracia Cristiana. El sistema había creado un bipartidismo imperfecto.
Aunque no tenían el rango de Constituyentes, las Cortes se dedicaron a elaborar una constitución democrática. El proceso fue de consenso entre los partidos, y fue larga su elaboración. La comisión encargada de redactar la constitución la formaron Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gabriel Cisneros (UCD), Miquel Roca (CIU), Manuel Fraga (AP), Peces Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (PCE). Una de las características fundamentales es que, dentro de una reforma pactada del Franquismo, la constitución se basó en el consenso.
Además hay que recordar que en estas cortes que se convirtieron en Constituyentes, no hubo mayoría absoluta de ningún grupo político. Está acomodada en los supuestos del constitucionalismo europeo de posguerra, con influencias de la Ley Fundamental de Bonn, francés e italiano. Un modelo de Estado pluralista, no centralista pero sí unitario y un régimen de monarquía parlamentaria; todo ello en el marco de una economía de mercado, es decir, asumiendo el capitalismo, si bien se posibilita cierta intervención del Estado como correctivo. Ya en el preámbulo, que aunque en sí no tiene carácter de norma, enuncia el espíritu democrático, liberal, respetuoso y protector del bienestar de los españoles y del conjunto de los pueblos de la Nación.
Los aspectos más polémicos fueron los relativos a la articulación de las autonomías. Por ejemplo, cuando se votó la indivisibilidad de la soberanía española, el PNV se abstuvo.
El texto define un Estado no confesional, aunque urge a los poderes públicos a tener en cuenta la religiosidad de los españoles y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. La fórmula intentaba superar los problemas del laicismo en la II República. Se recogerá la aconfesionalidad del Estado, pero se tenía en cuenta "las creencias religiosas de la sociedad española"
Tres corrientes ideológicas influyeron: el liberalismo (derechos individuales, imperio de la ley, división de poderes), socialismo democrático (Estado social dentro del capitalismo, es decir, que puede intervenir para corregir las desigualdades) y el humanismo cristiano.
El Título Preliminar contiene los valores fundamentales, una multiplicidad de objetivos, no siempre en estrecha coherencia ni significado inequívoco. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, es decir, que es social como principio orientador a los poderes públicos, por el interés en mejorar el bienestar de la comunidad, democrático por la participación ciudadana, y de Derecho porque todos los poderes públicos están sujetos al cumplimiento de la ley.
La “soberanía nacional reside en el pueblo español”, es decir que aunque haya sufragio universal, y haya una democracia representativa, es el conjunto de la nación quien es el titular de la soberanía. Somos una sola nación y la voluntad popular constituyente es nacional, de forma que sería imposible cualquier pretensión de autodeterminación por una parte del territorio nacional. Sin embargo, la nación que es una e indivisible, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía (Título VIII). Un ejemplo del carácter pactado de la transición lo tenemos en la expresión de que la “constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Los derechos y deberes fundamentales se dividen en los individuales, libertades públicas (derecho de reunión pacífica, de asociación, de educación...). La novedad la suponen los derechos económicos y sociales, la tercera generación de derechos, los “derechos potenciales” (protección a la familia, la Seguridad Social, derecho a la protección a la salud, disfrutar del medio ambiente, del patrimonio cultural, vivienda digan, integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, defensa de los consumidores...). Aquí se demuestra el carácter social de nuestro Estado de Derecho.
La novedad de esta constitución es la figura del Defensor del Pueblo, proveniente del Ombudsman sueco y cuyo origen remoto podemos encontrarlo en el Justicia de Aragón. Es una alto comisionado elegido por las cortes que tiene como misión defender a cualquier ciudadano de los derechos del Titulo I.
El artículo 1.3. define la forma política del Estado español como una Monarquía parlamentaria. Forma política y no forma de gobierno significa que el rey es jefe de Estado, pero está separado del Poder Ejecutivo. El rey es símbolo de la unidad de la patria y sus funciones son de arbitraje –muy controlado- pero con una “zona de penumbra” muy amplia.
Las disposiciones del Titulo X para la reforma constitucional hacen prácticamente imposible un cambio que no sea los necesarios para la integración en Europa.
3.1. La organización territorial del Estado.
Fue el capítulo más polémico de la Constitución, puesto que había que satisfacer las ansias nacionalistas de vascos y catalanes sin levantar sospechas de romper la unidad de España. Por ejemplo, para evitar enfrentamientos se utilizó el neologismo “nacionalidades” en lugar de regiones o naciones. El Estados de las Autonomías se fundamenta en la indisoluble unidad de España y en la existencia de Comunidades Autónomas con órganos e instituciones territoriales. Es un Estado Unitario, no es federal, pero no es centralista. La autonomía partirá siempre de la solidaridad entre las regiones, no pueden existir fronteras dentro del territorio español.
La fórmula para acceder a la autonomía varía según se trate de una comunidad histórica, es decir, con estatuto de autonomía en la república o no. Para los primeros está pensado el artículo 151 y la general es el 143. El 151 prevé una autonomía más rápida y con mayores competencias, una mayor ventaja. El caso de Andalucía fue excepcional en la previsión constitucional.
Los artículos que asignan competencias están plagados de excepciones y frases equívocas para permitir –o no- una mayor autonomía. Hay competencias que son exclusivas del Estado central: nacionalidad inmigración, defensa, relaciones internacionales, legislación mercantil, penal, laboral, civil, sistema monetario... Y las Comunidades Autónomas pueden tener potestad legislativa, ejecutiva o ambas sobre estas cuestiones.
Las CCAA tendrán una Asamblea Legislativa, por sufragio universal. Un consejo de Gobierno con su presidente. Un Tribunal superior de Justicia y un Estatuto de autonomía, con rango de Ley Orgánica. También tienen sus recursos propios por impuestos cedidos o especiales, además de las transferencias de un fondo de compensación interterritorial.
Los estatutos vasco y catalán siguieron un proceso similar, aunque los resultados fueron diferentes. Fueron aprobados por Cortes y refrendados electoralmente el 25 de octubre de 1979. El catalán de manera rotunda, mientras que en el País Vasco hubo más oposición, porque Herri Batasuna (brazo político de ETA) pidió la abstención. En marzo de 1980 celebraron sus elecciones autonómicas.



4. Los Pactos de la Moncloa.
Suárez constituiría su segundo gobierno, el primer gobierno de partido, en julio de 1977. Paralelamente a la Constitución se encargaron de afrontar los problemas económicos derivados de la crisis del petróleo. Las líneas principales del nuevo gobierno adelantaban los pasos de la transición: institucionalización de las regiones en autonomías, negociar con la comunidad Económica Europea, combatir la inflación, y el déficit exterior, afrontar el paro y la reforma fiscal.
El final del franquismo, aunque aumento la renta per cápita, no lo hizo de una manera equitativa, y además, la transición coincide con la depresión ligada a la crisis del petróleo en 1973: subida del precio del petróleo, recesión de mercados, paro... Esto llevó a la inflación (26%), favorecido por el incremento del déficit del Estado. Las condiciones económicas llevaron a los enfrentamientos sociales pidiendo no sólo libertades sino también reivindicaciones salariales. Parte de los empresarios, muy ligados al franquismo, retiraron sus inversiones.
Uno de los grandes aciertos de Suárez fueron los Pactos de la Moncloa, impulsados por el vicepresidente Fuentes Quintana, firmados el 25 de octubre de 1977 por el gobierno y representantes de los partidos políticos. Fueron acuerdos a tres bandas: gobierno, empresariado, partidos-sindicatos, y tuvieron como objetivo fundamental la convalidación por la clase obrera del modelo económico y social que se establecería en la constitución. Los Pactos preveían reducir la inflación, acometer la reforma fiscal, la de la Seguridad social y la Empresa Pública. Los firmantes se comprometían a apoyar un nuevo marco de relaciones laborales: aumentos salariales conforme a la inflación prevista más un incremento.
Los efectos de los Pactos de la Moncloa permitieron a los políticos concentrarse en la Constitución y mejoraron la paz social, descendieron la conflictividad y la normalización de las relaciones laborales. Se ha intentado salir de la crisis con subvenciones al paro, indulgencia fiscal, permisividad de cierre empresarial y con la rebaja del valor del trabajo.
Estos ambiciosos planes no pudieron realizarse a corto plazo. Se emprendió la reforma de la Hacienda: un sistema basado en tres grandes contribuciones: las de la renta –de personas o IRPF y sociedades-, los impuestos sobre el gasto y los gravámenes sobre el patrimonio y las transmisiones. Se empezó la persecución de los defraudadores.



5. Del gobierno de la UCD de 1977 al de Calvo Sotelo. El golpe de Estado del 23F.
Después de la aprobación de la constitución, la UCD ganó de nuevo las elecciones de 1979, con un escaso margen. Los resultados mostraban que había dos grandes partidos, UCD y PSOE. Avanzaban los partidos nacionalistas y la extrema derecha conseguía un escaño. Pero las elecciones municipales, las primeras de la democracia dieron el triunfo selectivo de la izquierda: los grandes núcleos urbanos pasaron a poder del PSOE. La UCD pretendió hacer una política reformista, pero la falta de cohesión y la presión del PSOE y los nacionalistas hicieron inviable su liderazgo.
Después de los Pactos de la Moncloa se elaboraron otra serie de leyes más polémicas. El PSOE presentó una moción de censura al gobierno, que de acuerdo con la constitución tendría que proponer un candidato, Felipe González. Suárez superó la moción pero salió muy debilitado. Se agudizó la crisis de la UCD y el 29 de enero de 1981 Suárez dimitió.
En la sesión de investidura del nuevo presidente de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, 23 de Febrero de 1981, el país se sorprendió con un intento de golpe de Estado. Venía preparándose desde tiempo antes como reacción ante los cambios, y sobre todo con la excusa de la legalización del Partido comunista (una traición de Suárez y del propio rey), las autonomías y el terrorismo . Un grupo de doscientos guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero, entró en el congreso durante la votación. Al mismo tiempo, en Valencia se subleva el capitán general, Milans del Bosh y en Madrid, la División Acorazada Brunete está a punto de sacar los tanques a la calle.
Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no coincidentes del todo. Lo único claro que tenían era paralizar las reformas democráticas. Un conspirador clave fue el general Alfonso Armada, militar muy relacionado con la Casa Real. Armada parecía contar con el visto bueno del propio rey. Tras unas interminables horas, el Rey se dirigió a la nación por televisión en un breve comunicado, desautorizando el intento golpista. Antes de dirigirse a la nación reunió un gobierno con los secretarios de Estado ya que todos los ministros estaban en el Parlamento, y consultó con los capitanes generales de las Regiones Militares. Durante toda la noche los españoles estuvieron unidos a sus transistores. Al día siguiente se rindió Tejero y acabó el golpe. El juicio fue indulgente con los acusados. Y todavía hoy están por esclarecer algunos puntos, se supone que era un golpe menor, como preludio del realmente importante que acabaría con un gobierno de concentración, estando informados tanto elementos de la UCD como del PSOE, o incluso el Rey y los servicios secretos.
El gobierno de Calvo Sotelo no se diferenció de la de Suárez. La ley del Divorcio fue la más controvertida, incluso por miembros de la propia UCD. Calvo Sotelo tampoco consiguió imponerse en su partido, incluso Suárez fundó su propio partido. Las tensiones nacionalistas aumentaban tras la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico –LOAPA-, que fue recurrida por los nacionalistas que pensaban que retiraba la autonomía que concedía la constitución. Fue rectificada en parte por el Tribunal Constitucional.
La mala suerte perseguía al Gobierno, que en mayo de 1981 vio cómo los hospitales se llenaban de pacientes con unos síntomas desconocidos. El “síndrome tóxico” causaría casi mil muertos y los supervivientes arrastrarían dolorosas secuelas de la ingestión de aceite de colza adulterado. Y tuvo que afrontar la responsabilidad en el “caso Almería”: tres jóvenes asesinados por la policía que los confundió con activistas de ETA.
En medio de la desbandada, Calvo Sotelo consiguió meter a España en la OTAN, en medio de la oposición general, e intentó la integración en la CEE. Calvo Sotelo adelantó las elecciones.
Estos son los años del destape, una vez suprimida la censura de espectáculos. La iglesia pierde su antigua influencia. Se pierden los valores tradicionales y se incorporan los nuevos modos de vida. El espíritu de tolerancia. Es el resurgimiento de las culturas locales, y de las nacionalidades. También son los años de un nuevo éxodo rural y de la inseguridad ciudadana y la entrada de la droga (heroína).



6. El final del gobierno de la UCD. Los gobiernos de Felipe González
La UCD perdía sus energías por sus divisiones. El PSOE se preparaba para la conquista del poder, comenzando por modernizar ideológicamente el partido. Se abandona el dogmatismo “Hay que ser socialistas antes que marxistas” (Felipe González, 1979). El discurso obrerista y regionalista sirvieron para acabar con la UCD, pero cambió de estrategia para convertirse en un partido de masas, de políticos jóvenes no manchados por el franquismo. El anticipo de la victoria vino en las municipales y las elecciones andaluzas de 1982. La campaña electoral prometía sanear la administración, una política socialdemócrata, un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, 800 000 puestos de trabajo y “El cambio”. Las elecciones se celebraron el 28 de octubre de 1982, en medio de un entusiasmo general (abstención de sólo el 20%). El PSOE ganó con mayoría absoluta (202 diputados de 350). Se benefició del deterioro de UCD y la crisis del PCE (Santiago Carrillo dimitió). Manuel Fraga consiguió convertirse en líder de la oposición con Alianza Popular. CiU y PNV se reafirmaban como las principales fuerzas nacionalistas.

1. Cambios económicos.
El 3 de diciembre de 1982, Felipe González en la presidencia, Alfonso Guerra de vicepresidente queda constituido el primer gobierno socialista. La mayoría absoluta les capacitaba para poder llevar a cabo una política sin concesiones ni negociación. Por eso rápidamente, “la economía primero”, afrontaron la impopular decisión de la “reconversión industrial”. La grave situación económica heredada (inflación, déficit público...) llevó al equipo económico (Boyer en Hacienda, Solchaga en Industria) a tomar medidas de corte literal, una dura política de ajuste. Evaluación de la peseta, cierre de numerosas fábricas, sobre todo en siderurgia, construcción naval y electrodomésticos... Aparte jubilaciones anticipadas y reducción de plantillas. Las regiones industriales del norte (País Vasco, Santander, Asturias) fueron las más afectadas por el programa de reconversión, que provocó una etapa de violentas huelgas y disturbios, en la que se acusó al PSOE de traicionar al electorado.
Sin embargo no se nacionalizó nada salvo la red eléctrica, y se privatizaron empresas del INI, por ejemplo SEAT. Lo que provocó una más fuerte reacción fue la expropiación del holding RUMASA, propiedad de José Mª Ruiz Mateos. La derecha lo consideró un verdadero atraco, pero la banca lo apoyó. Las empresas fueron rápidamente privatizadas. Un caso similar fue el de Banca Catalana.
Como consecuencia del escaso crecimiento de la economía, el empleo continuó cayendo, del 16% de paro se pasa al 22% en 1985, la más alta de la Comunidad Europea. La acción del gobierno se centró en programas de promoción de empleo, planes de jubilación anticipada y flexibilización del mercado de trabajo. Hay que ser conscientes que la población activa es la más alta del siglo por llegar a la edad adulta las generaciones del baby boom.
La reforma fiscal continuó, se mejoró la gestión, los inspectores de Hacienda, elevación de impuestos y persecución del fraude. Las medidas de saneamiento tuvieron efectos positivos como la bajada de la inflación, que coincidió con el descenso en el precio del petróleo y la caída del dólar, lo que permitió una cierta recuperación de la bonaza comercial. Sin embargo, la pérdida de salario real amenazó gravemente las condiciones de vida de los trabajadores, y los sindicatos, que habían respaldado la moderación salarial mediante los pactos con la patronal y el Gobierno, se lanzaron a la calle. UGT, sindicato cercano al PSOE acabó por enfrentarse a él.
El mayor problema de subsistencia se encontraba en Extremadura y Andalucía y para mejorar la situación de los jornaleros, se estableció, el Plan de Empleo Rural (PER), que facilitaba unos fondos a los ayuntamientos para contratar trabajadores para realizar obras en sus municipios. La adjudicación de los subsidios suscitó sospechas de fraude y la oposición acusó a los socialistas de crear clientelismo –voto cautivo-.
La política de protección social o de búsqueda del Estado del bienestar se retrasó más y fue menos perfecta. Empezó en los años ochenta, pero no se aceleró hasta después de 1988. El gran problema fue el paro y la protección de los desempleados. Pensiones, sanidad y desempleo se convirtieron en los tras fundamentos del gasto social español.
Desde la entrada en la CEE, la inversión extranjera empujó la economía y el desempleo comenzó a disminuir. Aumentaron los ingresos por turismo, la actividad bancaria... Se introdujo el nuevo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se redujo el déficit público y aumentó el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los grandes negocios inmobiliarios y el aumento de la especulación amenazaban la economía. El ingreso en el Sistema Monetario Europeo supuso unas altos tipos de interés que atrajeron a España divisas. Pero los flujos de dinero no se orientan hacia la industria, sino hacia la especulación (“cultura del pelotazo”).
Los movimientos de concentración empresarial se iniciaron para mejorar la “competitividad”, fusiones de bancos (ej. Argentaria), y terminaron con una “exhibición aparatosa del dinero”: España era “uno de los países donde más y más rápido se podía ganar dinero” (C. Solchaga, ministro de Economía).
Esta relativa prosperidad permitió a los socialistas extender las prestaciones sociales y aumentaron los gastos de la Seguridad Social, se introdujeron las pensiones no-contributivas. Para solucionar el paro de los que buscaban el primer empleo en algunas comunidades autónomas se intentó un “salario social”. También aumentaron la infraestructura de comunicaciones (AVE).
Los fastos del 92 costaron demasiado a un país en crisis económica y con tres millones de parados. La peseta se devaluó tres veces y quebró la multinacional KIO. El tratado de Maastricht exigía tantos sacrificios económicos que se empezó a desconfiar del proyecto europeo.



2. Cambios sociales.
- Reforma educativa: Jose Mª Maravall, ministro de educación emprendió una reforma para equiparar el sistema educativo español a los países de la CEE y adaptarlo a las autonomías. La LODE (1984) impondría el control público de los centros privados “concertados”. Para entorpecer la aplicación de la ley hubo numerosas manifestaciones apoyadas por la Iglesia, propietaria de una extensa red de centros concertados. Después vendría la LRU (Ley de Reforma Universitaria) y aprobaría en 1990 la LOGSE, que ampliaba a los 16 años la escolarización obligatoria y aplicaba el principio de enseñanza comprensiva.
- Relaciones con la Iglesia. Se fueron deteriorando, pero era consciente que un enfrentamiento con el PSOE fuera utilizado como arma electoral por la derecha, y es que era patente el conservadurismo de las autoridades eclesiásticas. La despenalización del aborto, prohibición de uso de catecismos en las escuelas sin autorización oficial y la forma de tratar temas religiosos por los medios de comunicación del Estado y la legislación educativa fueron las batallas. Además del apoyo de los obispos vascos a las tesis de autodeterminación cercanas a ETA.
- Se modificó el código civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo se reformaron instituciones fundamentales como el ejército y la administración del Estado. Uno de los grande éxitos del PSOE fue canalizar el patriotismo del ejército hacia la defensa de la democracia. Se fortaleció el ministerio de defensa con numerosos cargos políticos y se estableció un nuevo régimen disciplinario, se suprimió el Consejo de Justicia Militar. Es la supremacía del poder civil. Lo cierto es que se calmó el ruido de sables.



3. Las relaciones exteriores.
Siguiendo las directrices electorales de “país occidental y europeo, con una fuerte dimensión mediterránea y una clara vocación iberoamericana”. Mejoraron las relaciones con Europa (apertura de la verja de Gibraltar), y culminó con el ingreso de España en la CEE –a pesar de la obstaculización de Francia y gracias a las presiones de EEUU y del apoyo de Alemania.-.
“OTAN, de entrada no” era la consigna electoral del PSOE que se había comprometido a celebrar un referéndum para retirarse de la OTAN, pero González se dio cuenta de que la retirada de la OTAN no favorecía a su gobierno y tuvo que rectificar y aplicar la disciplina de partido. Después de gran expectación se celebró el referéndum con el gobierno volcado en el sí, y la oposición de la derecha defendiendo una abstención ilógica. Asociaciones pacifistas, grupos de intelectuales ciudadanos decepcionados se unieron en un gran movimiento anti-OTAN. El referéndum fue ganado por el gobierno (60% de votantes, 53% de sí) utilizando insinuaciones de no poder entrar en la CEE, ni Juegos Olímpicos... Y además se prometió que no se entraría en la estructura militar. Supuso una posición pragmática, de razón de Estado frente a ideología y despojó al PSOE de su imagen de izquierda, muy deteriorada por su política neoliberal.
La integración de España en la CEE fue el aspecto más importante. El 12 de junio de 1985 se firmaba la adhesión. el período de adaptación comprendió entre 1986 y 1993, en el que desaparecieron paulatinamente los aranceles, aunque se perdieran los beneficios del tratado preferencial. A cambio se tuvo la ventaja de los fondos de cohesión y otras ayudas para el desarrollo. Después vendrá el Tratado de Maastricht (1992), por el que se daba paso a la Unión Europea.



4. La evolución política.
En las elecciones de 1986 el PSOE perdió más de un millón de votos, pero mantuvo su mayoría absoluta. El partido Popular (ahora Coalición Popular) no consiguió los votos de la UCD, Fraga fue sustituido. Los comunistas se reorientaron en Izquierda Unida y obtuvieron 7 diputados. Los problemas del PNV, acabaron dividiendo a Esko Alkartasuna (Solidaridad Vasca, EA), favorecieron el ascenso de Herri Batasuna. En las elecciones vascas el PNV tuvo que pactar con el PSOE.
En medio de la tranquilidad de la mayoría, comenzó una huelga de estudiantes primero contra los planes de estudios y luego contra la masificación. En febrero de 1987 Madrid, Barcelona, Valencia... El gobierno finalmente aceptó negociar.
Por el contrario, los sindicatos rechazaron la política económica del gobierno. La UGT se separó del gobierno, Nicolás redondo abandonó su escaño. UGT y CCOO, en unidad de acción, acusaban al gobierno de impulsar la recuperación con un elevado coste social, y convocaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. Sin embargo, no impidió que el PSOE volviera a ganar las elecciones generales y que gobierno y sindicatos alejaran posturas. Una nueva huelga general en mayo de 1992.
El problema del terrorismo de ETA no ha encontrado solución, a pesar de los intentos del gobierno de crear fisuras ofreciendo reinserción social a sus miembros (ej. Yoyes). Los partidos contrarios a la violencia de ETA firmaron el Pacto de Ajuria Enea para erradicar la violencia. En este contexto, el Gobierno inició en 1989 las conversaciones de Argel con la dirección de ETA. Aumentó la colaboración policial con Francia. A partir de 1989 el Ministerio acentuó la dispersión de los presos de ETA. También es la época de la guerra sucia contra ETA, con el caso GAL.
Proseguía el desgaste del voto socialista. La derecha se había reorganizado en el Partido Popular, con un nuevo líder, José María Aznar, y una orientación de centro-derecha. Izquierda Unida se benefició del desgaste de los socialistas quedaba muy lejos. Los graves problemas eran el tráfico de influencias, que socavaba el prestigio del partido en el gobierno y la Ley de Seguridad Ciudadana. La corrupción afectaba sobre todo al PSOE a causa del inmenso poder de la mayoría absoluta, pero también hay irregularidades en otros ámbitos. El vicepresidente del gobierno tuvo que presentar su dimisión, y se dividió el partido entre guerristas y felipismo.
Los escándalos de corrupción política fueron creando un clima de "crispación", tanto mediática (tertulias radiofónicas principalmente) como política en el parlamento. El caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno; el de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España y especialmente el del director de la Guardia Civil, Luis Roldán, pusieron en entredicho la honradez política de esos cargos y la de aquellos que los nombraron o debían controlar. El caso Filesa, por su parte dejaba al descubierto una trama de financiación ilegal del PSOE. La oposición del PP aprovechó todos estos escándalos para acosar sistemáticamente al gobierno.
Otros aspectos importantes fueron la Guerra del Golfo que hizo resurgir el movimiento pacifista que también se ocupó de protestar contra el servicio militar. Las elecciones del 93 fueron muy disputados y de gran agresividad. Ganaron los socialistas pero se quedaron sin mayoría absoluta. En vez de una coalición con Izquierda Unida prefirieron pedir ayuda parlamentaria al nacionalismo conservador del PNV y CiU. No llegaron a un gobierno de coalición, con lo que Jordi Pujol llegó a tener un peso importante en la política nacional. El PSOE también se enfrentaba a escándalos financieros y a la división del partido de los guerristas. Para acabar con el paro se llevó a cabo una política de contratación temporal, los “contratos basura” y los sindicatos UGT y CCOO convocaron una tercera huelga general con escaso éxito.

7. El triunfo del Partido Popular en 1996.
En las elecciones generales de 1996 ganó el Partido Popular con una mayoría relativa, por lo que necesitó el apoyo de los partidos nacionalistas (CiU, PNV, Coalición Canaria). La acción del gobierno en esta primera legislatura tuvo un talante de moderación y negociación, por los temores a que el retorno de los conservadores podría suponer una involución democrática. Esto supuso la confirmación de la derecha como una alternativa democrática, con ministros procedentes de la antigua UCD o una generación más jóvenes.
Llevó a cabo una política social iniciando el diálogo con los sindicatos y una aproximación a los nacionalistas, de los que dependía la estabilidad del gobierno. Sin embargo, se produjo un agravamiento de la cuestión vasca. En política internacional el objetivo fue la consecución de la integración monetaria de España en la Europa del Euro. Se abolió el servicio militar obligatorio.
Hubo también unos avances significativos en la lucha antiterrorista, a través de la desarticulación de comandos y la movilización social en el País Vasco y en el resto de España. La más espectacular fue tras el asesinato del concejal del PP Miguel Angel Blanco. Sin embargo los atentados continuaron después de la tregua de ETA (1998/99). En el País Vasco el PP consiguió avances electores y a cambio el PNV radicalizó su postura firmando con HB el Pacto de Estella o Lizarra que tenía como finalidad la autodeterminación de Euskadi.
La buena coyuntura económica de Europa y el éxito de la incorporación a la Unión Europea permitieron que España iniciara una etapa de expansión, creciendo anualmente más del 3%, descendiendo el paro y creciendo el empleo, pero de una manera temporal y precaria. También se ha seguido una política de privatización de empresas públicas (Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica...), con lo que ayudaba al equilibrio de los presupuestos.



1. El gobierno con mayoría absoluta.
En las elecciones de marzo del 2000 el PP logró la mayoría absoluta. El nuevo gobierno, también presidido por Aznar pudo desarrollar los objetivos de su programa electoral sin necesidad del diálogo y optó más por la confrontación: reformas educativas (Ley de Calidad de la Enseñanza, Ley de Reforma Universitaria), laboral (recorte de derechos laborales como el PER), ley de Extranjería, que provocaron notables protestas sociales (huelga general de 2002).Igualmente las relaciones con el gobierno vasco alcanzaron gran tensión política. Como también sucedió con el caso del Prestige.
El crecimiento económico se frenó, no cumpliéndose la reducción de la tasa de inflación y los esfuerzos por lograr el déficit cero en los presupuestos, con lo que se deterioraron ciertos servicios públicos. En política exterior, se produjo un cambio radical en las alianzas exteriores, al acercarse a los Estados Unidos, en perjuicio del tradicional alineamiento europeo. Ejemplo grave fue el apoyo a la intervención en Irak.
Según parece, además del rechazo hacia la posición del gobierno ante la guerra, ante el problema del Prestige, y sobre todo el brutal atentado del 11-M y las dudas sobre la información facilitada por el gobierno, que mantuvo en un principio la autoría de ETA, motivaron un voto mayoritario hacia el PSOE en las elecciones del 14-M de 2004.