lunes, 5 de mayo de 2008

12. Los gobiernos democráticos (1979-2000)


I. Del gobierno de la UCD de 1977 al de Calvo Sotelo. El golpe de Estado del 23F.

Después de la aprobación de la constitución, la UCD ganó de nuevo las elecciones de 1979, con un escaso margen. Los resultados mostraban que había dos grandes partidos, UCD y PSOE. Avanzaban los partidos nacionalistas y la extrema derecha conseguía un escaño. Pero las elecciones municipales, las primeras de la democracia dieron el triunfo selectivo de la izquierda: los grandes núcleos urbanos pasaron a poder del PSOE. La UCD pretendió hacer una política reformista, pero la falta de cohesión y la presión del PSOE y los nacionalistas hicieron inviable su liderazgo.

Después de los Pactos de la Moncloa se elaboraron el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Nacional de Empleo. Más disputa supusieron la Ley de Incompatibilidades, la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de los Centros Docentes. El PSOE presentó una moción de censura al gobierno, que de acuerdo con la constitución tendría que proponer un candidato, Felipe González. Suárez superó la moción pero salió muy debilitado.

Desde mayo de 1980 se agudizó la crisis de la UCD y en septiembre Suárez remodeló su gobierno, un verdadero gobierno de concentración de tendencias dentro de la UCD. La situación fue inviable y el 29 de enero de 1981 Suárez dimitió.

En la sesión de investidura del nuevo presidente de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, 23 de Febrero de 1981, el país se sorprendió con un intento de golpe de Estado. Venía preparándose desde tiempo antes como reacción ante los cambios, y sobre todo con la excusa de la legalización del Partido comunista (una traición de Suárez y del propio rey), las autonomías y el terrorismo . Un grupo de doscientos guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero, entró en el congreso durante la votación. Al mismo tiempo, en Valencia se subleva el capitán general, Milans del Bosh.

Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no coincidentes del todo. Lo único claro que tenían era paralizar las reformas democráticas. Un conspirador clave fue el general Alfonso Armada, militar muy relacionado con la Casa Real. Armada parecía contar con el visto bueno del propio rey. Tras unas interminables horas, el Rey se dirigió a la nación por televisión en un breve comunicado, desautorizando el intento golpista. Antes de dirigirse a la nación reunió un gobierno con los secretarios de Estado ya que todos los ministros estaban en el Parlamento, y consultó con los capitanes generales de las Regiones Militares. Durante toda la noche los españoles estuvieron unidos a sus transistores. Al día siguiente se rindió Tejero y acabó el golpe. El juicio fue indulgente con los acusados. Y todavía hoy están por esclarecer algunos puntos, se supone que era un golpe menor, como preludio del realmente importante que acabaría con un gobierno de concentración, estando informados tanto elementos de la UCD como del PCE o los servicios secretos.

El gobierno de Calvo Sotelo no se diferenció de la de Suárez. La ley del Divorcio fue la más controvertida, incluso por miembros de la propia UCD. La Ley de Autonomía Universitaria fue retirada. Calvo Sotelo tampoco consiguió imponerse en su partido, incluso Suárez fundó su propio partido. Las tensiones nacionalistas aumentaban tras la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico –LOAPA-, que fue recurrida por los nacionalistas que pensaban que retiraba alaautonomía que concedía la constitución. Fue rectificada en parte por el Tribunal Constitucional.

La mala suerte perseguía al Gobierno, que en mayo de 1981 vio cómo los hospitales se llenaban de pacientes con unos síntomas desconocidos. El “síndrome tóxico” causaría casi mil muertos y los supervivientes arrastrarían dolorosas secuelas de la ingestión de aceite de colza adulterado. Y tuvo que afrontar la responsabilidad en el “caso Almería”: tres jóvenes asesinados por la policía que los confundió con activistas de ETA.

En medio de la desbandada, Calvo Sotelo consiguió meter a España en la OTAN, en medio de la oposición general, e intentó la integración en la CEE. Calvo Sotelo adelantó las elecciones.

Estos son los años del destape, una vez suprimida la censura de espectáculos. La iglesia pierde su antigua influencia. Se pierden los valores tradicionales y se incorporan los nuevos modos de vida. El espíritu de tolerancia. Es el resurgimiento de las culturas locales, y de las nacionalidades. También son los años de un nuevo éxodo rural y de la inseguridad ciudadana y la entrada de la droga (heroína).

II. El final del gobierno de la UCD. Los gobiernos de Felipe González

La UCD perdía sus energías por sus divisiones. El PSOE se preparaba para la conquista del poder, comenzando por modernizar ideológicamente el partido. Se abandona el dogmatismo “Hay que ser socialistas antes que marxistas” (Felipe González, 1979). El discurso obrerista y regionalista sirvieron para acabar con la UCD, pero cambió de estrategia para convertirse en un partido de masas, de políticos jóvenes no manchados por el franquismo. El anticipo de la victoria vino en las municipales y las elecciones andaluzas de 1982. La campaña electoral prometía sanear la administración, una política socialdemócrata, un referéndum sobre la permanencia en la OTAN, 800 000 puestos de trabajo y “El cambio”. Las elecciones se celebraron el 28 de octubre de 1982, en medio de un entusiasmo general (abstención de sólo el 20%). El PSOE ganó con mayoría absoluta (202 diputados de 350). Se benefició del deterioro de UCD y la crisis del PCE (renuncias, Santiago Carrillo dimitió y sustituyó Gerardo Iglesias). Manuel Fraga consiguió convertirse en líder de la oposición con Alianza Popular. CiU y PNV se reafirmaban como las principales fuerzas nacionalistas.

1. Cambios económicos.


El 3 de diciembre de 1982, Felipe González en la presidencia, Alfonso Guerra de vicepresidente queda constituido el primer gobierno socialista. La mayoría absoluta les capacitaba para poder llevar a cabo una política sin concesiones ni negociación. Por eso rápidamente, “la economía primero”, afrontaron la impopular decisión de la “reconversión industrial”. La grave situación económica heredada (inflación, déficit público...) llevó al equipo económico (Boyer en Hacienda, Solchaga en Industria) a tomar medidas de corte literal, una dura política de ajuste. Evaluación de la peseta, cierre de numerosas fábricas, sobre todo en siderurgia, construcción naval y electrodomésticos... Aparte jubilaciones anticipadas y reducción de plantillas. Las regiones industriales del norte (País Vasco, Santander, Asturias) fueron las más afectadas por el programa de reconversión, que provocó una etapa de violentas huelgas y disturbios, en la que se acusó al PSOE de traicionar al electorado.

Sin embargo no se nacionalizó nada salvo la red eléctrica, y se privatizaron empresas del INI, por ejemplo SEAT. Lo que provocó una más fuerte reacción fue la expropiación del holding RUMASA, laberinto de veinte bancos y quinientas empresas industriales y agrícolas, propiedad de José Mª Ruiz Mateos, cuyas operaciones no se ajustaban a la ortodoxia empresarial y amenazaba con quiebra financiera. La derecha lo consideró un verdadero atraco, pero la banca lo apoyó. Las empresas fueron rápidamente privatizadas. Un caso similar fue el de Banca Catalana.

Como consecuencia del escaso crecimiento de la economía, el empleo continuó cayendo, del 16% de paro se pasa al 22% en 1985, la más alta de la Comunidad Europea. La acción del gobierno se centró en programas de promoción de empleo, planes de jubilación anticipada y flexibilización del mercado de trabajo. Hay que ser conscientes que la población activa es la más alta del siglo por llegar a la edad adulta las generaciones del baby boom.

La reforma fiscal continuó, se mejoró la gestión, los inspectores de Hacienda, elevación de impuestos y persecución del fraude. Las medidas de saneamiento tuvieron efectos positivos como la bajada de la inflación, que coincidió con el descenso en el precio del petróleo y la caída del dólar, lo que permitió una cierta recuperación de la bonaza comercial. Sin embargo, la pérdida de salario real amenazó gravemente las condiciones de vida de los trabajadores, y los sindicatos, que habían respaldado la moderación salarial mediante los pactos con la patronal y el Gobierno, se lanzaron a la calle. UGT, sindicato cercano al PSOE acabó por enfrentarse a él.

El mayor problema de subsistencia se encontraba en Extremadura y Andalucía y para mejorar la situación de los jornaleros, se estableció, el Plan de Empleo Rural (PER), que facilitaba unos fondos a los ayuntamientos para contratar trabajadores para realizar obras en sus municipios. La adjudicación de los subsidios suscitó sospechas de fraude y la oposición acusó a los socialistas de crear clientelismo –voto cautivo-.

La política de protección social o de búsqueda del Estado del bienestar se retrasó más y fue menos perfecta. Empezó en los años ochenta, pero no se aceleró hasta después de 1988. El gran problema fue el paro y la protección de los desempleados. Pensiones, sanidad y desempleo se convirtieron en los trs fundamentos del gasto social español.

Desde la entrada en la CEE, la inversión extranjera empujó la economía y el desempleo comenzó a disminuir. Aumentaron los ingresos por turismo, la actividad bancaria... Se introdujo el nuevo Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se redujo el déficit público y aumentó el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los grandes negocios inmobiliarios y el aumento de la especulación amenazaban la economía. El ingreso en el Sistema Monetario Europeo supuso unas altos tipos de interés que atrajeron a España divisas. Pero los flujos de dinero no se orientan hacia la industria, sino hacia la especulación (“cultura del pelotazo”).

Los movimientos de concentración empresarial se iniciaron para mejorar la “competitividad”, fusiones de bancos (ej. Argentaria), y terminaron con una “exhibición aparatosa del dinero”: España era “uno de los países donde más y más rápido se podía ganar dinero” (C. Solchaga, ministro de Economía).

Esta relativa prosperidad permitió a los socialistas extender las prestaciones sociales y aumentaron los gastos de la Seguridad Social, se introdujeron las pensiones no-contributivas. Para solucionar el paro de los que buscaban el primer empleo en algunas comunidades autónomas se intentó un “salario social”. También aumentaron la infraestructura de comunicaciones (AVE).

Los fastos del 92 costaron demasiado a un país en crisis económica y con tres millones de parados. La peseta se devaluó tres veces y quebró la multinacional KIO. El tratado de Maastricht exigía tantos sacrificios económicos que se empezó a desconfiar del proyecto europeo.

2. Cambios sociales.

- Reforma educativa: Jose Mª Maravall, ministro de educación emprendió una reforma para equiparar el sistema educativo español a los países de la CEE y adaptarlo a las autonomías. La LODE (1984) impondría el control público de los centros privados “concertados”. Para entorpecer la aplicación de la ley hubo numerosas manifestaciones apoyadas por la Iglesia, propietaria de una extensa red de centros concertados. Después vendría la LRU (Ley de Reforma Universitaria) y aprobaría en 1990 la LOGSE, que ampliaba a los 16 años la escolarización obligatoria y aplicaba el principio de enseñanza comprensiva.

- Relaciones con la iglesia. Se fueron deteriorando, pero era consciente que un enfrentamiento con el PSOE fuera utilizado como arma electoral por la derecha, y es que era patente el conservadurismo de las autoridades eclesiásticas. La despenalización del aborto, prohibición de uso de catecismos en las escuelas sin autorización oficial y la forma de tratar temas religiosos por los medios de comunicación del Estado y la legislación educativa fueron las batallas. Además del apoyo de los obispos vascos a las tesis de autodeterminación cercanas a ETA.

- Se modificó el código civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo se reformaron instituciones fundamentales como el ejército y la administración del Estado. Uno de los grande éxitos del PSOE fue canalizar el patriotismo del ejército hacia la defensa de la democracia. Se fortaleció el ministerio de defensa con numerosos cargos políticos y se estableció un nuevo régimen disciplinario, se suprimió el Consejo de Justicia Militar. Es la supremacía del poder civil. Lo cierto es que se calmó el ruido de sables.

3. Las relaciones exteriores.

Siguiendo las directrices electorales de “país occidental y europeo, con una fuerte dimensión mediterránea y una clara vocación iberoamericana”. Mejoraron las relaciones con Europa (apertura de la verja de Gibraltar), y culminó con el ingreso de España en la CEE –a pesar de la obstaculización de Francia y gracias a las presiones de EEUU y del apoyo de Alemania.-.

“OTAN, de entrada no” era la consigna electoral del PSOE que se había comprometido a celebrar un referéndum para retirarse de la OTAN, pero González se dio cuenta de que la retirada de la OTAN no favorecía a su gobierno y tuvo que rectificar y aplicar la disciplina de partido. Sustituyó a Morán por Fernández Ordóñez y después de gran expectación se celebró el referéndum con el gobierno volcado en el sí, y la oposición de la derecha defendiendo una abstención ilógica. Asociaciones pacifistas, grupos de intelectuales ciudadanos decepcionados se unieron en un gran movimiento anti-OTAN. El referéndum fue ganado por el gobierno (60% de votantes, 53% de sí) utilizando insinuaciones de no poder entrar en la CEE, ni Juegos Olímpicos... Y además se prometió que no se entraría en la estructura militar. Supuso una posición pragmática, de razón de Estado frente a ideología y despojó al PSOE de su imagen de izquierda, muy deteriorada por su política neoliberal.

La integración de España en la CEE fue el aspecto más importante. El 12 de junio de 1985 se firmaba la adhesión. el período de adaptación comprendió entre 1986 y 1993, en el que desaparecieron paulatinamente los aranceles, aunque se perdieran los beneficios del tratado preferencial. A cambio se tuvo la ventaja de los fondos de cohesión y otras ayudas para el desarrollo. Después vendrá el Tratado de Maastricht (1992), por el que se daba paso a la Unión Europea.


4. La evolución política.

En las elecciones de 1986 el PSOE perdió más de un millón de votos, pero mantuvo su mayoría absoluta. El partido Popular (ahora Coalición Popular) no consiguió los votos de la UCD, Fraga fue sustituido por Hernández Mancha, que no aportó ninguna novedad. Los comunistas se reorientaron en Izquierda Unida y obtuvieron 7 diputados. Los problemas del PNV, acabaron dividiendo a Esko Alkartasuna (Solidaridad Vasca, EA), favorecieron el ascenso de Herri Batasuna. En las elecciones vascas el PNV tuvo que pactar con el PSOE.

En medio de la tranquilidad de la mayoría, comenzó una huelga de estudiantes primero contra los planes de estudios y luego contra la masificación. En febrero de 1987 Madrid, Barcelona, Valencia... El gobierno finalmente aceptó negociar.

Por el contrario, los sindicatos rechazaron la política económica del gobierno. La UGT se separó del gobierno, Nicolás redondo abandonó su escaño. UGT y CCOO, en unidad de acción, acusaban al gobierno de impulsar la recuperación con un elevado coste social, y convocaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. Sin embargo, no impidió que el PSOE volviera a ganar las elecciones generales y que gobierno y sindicatos alejaran posturas. Una nueva huelga general en mayo de 1992.

El problema del terrorismo de ETA no ha encontrado solución, a pesar de los intentos del gobierno de crear fisuras ofreciendo reinserción social a sus miembros (ej. Yoyes). Los partidos contrarios a la violencia de ETA firmaron el Pacto de Ajuria Enea para erradicar la violencia. En este contexto, el Gobierno inició en 1989 las conversaciones de Argel con la dirección de ETA. Aumentó la colaboración policial con Francia. A partir de 1989 el Ministerio acentuó la dispersión de los presos de ETA. También es la época de la guerra sucia contra ETA, con el caso GAL.

Proseguía el desgaste del voto socialista. La derecha se había reorganizado en el Partido Popular, con un nuevo líder, José María Aznar, y una orientación de centro-derecha. Izquierda Unida se benefició del desgaste de los socialistas quedaba muy lejos. Los graves problemas eran el tráfico de influencias, que socavaba el prestigio del partido en el gobierno y la Ley de Seguridad Ciudadana. La corrupción afectaba sobre todo al PSOE a causa del inmenso poder de la mayoría absoluta, pero también hay irregularidades en otros ámbitos. El vicepresidente del gobierno tuvo que presentar su dimisión, y se dividió el partido entre guerristas y felipismo.

Los escándalos de corrupción política fueron creando un clima de "crispación", tanto mediática (tertulias radiofónicas principalmente) como política en el parlamento. El caso de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno; el de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España y especialmente el del director de la Guardia Civil, Luis Roldán, pusieron en entredicho la honradez política de esos cargos y la de aquellos que los nombraron o debían controlar. El caso Filesa, por su parte dejaba al descubierto una trama de financiación ilegal del PSOE. La oposición del PP aprovechó todos estos escándalos para acosar sistemáticamente al gobierno.

Otros aspectos importantes fueron la Guerra del Golfo que hizo resurgir el movimiento pacifista que también se ocupó de protestar contra el servicio militar. Las elecciones del 93 fueron muy disputados y de gran agresividad. Ganaron los socialistas pero se quedaron sin mayoría absoluta. En vez de una coalición con Izquierda Unida prefirieron pedir ayuda parlamentaria al nacionalismo conservador del PNV y CiU. No llegaron a un gobierno de coalición, con lo que Jordi Pujol llegó a tener un peso importante en la política nacional. El PSOE también se enfrentaba a escándalos financieros y a la división del partido de los guerristas. Para acabar con el paro se llevó a cabo una política de contratación temporal, los “contratos basura” y los sindicatos UGT y CCOO convocaron una tercera huelga general con escaso éxito.

III. El triunfo del Partido Popular en 1996.


En las elecciones generales de 1996 ganó el Partido Popular con una mayoría relativa, por lo que necesitó el apoyo de los partidos nacionalistas (CiU, PNV, Coalición Canaria). La acción del gobierno en esta primera legislatura tuvo un talante de moderación y negociación, por los temores a que el retorno de los conservadores podría suponer una involución democrática. Esto supuso la confirmación de la derecha como una alternativa democrática, con ministros procedentes de la antigua UCD o una generación más jóvenes.

Llevó a cabo una política social iniciando el diálogo con los sindicatos y una aproximación a los nacionalistas, de los que dependía la estabilidad del gobierno. Sin embargo, se produjo un agravamiento de la cuestión vasca. En política internacional el objetivo fue la consecución de la integración monetaria de España en la Europa del Euro. Se abolió el servicio militar obligatorio.

Hubo también unos avances significativos en la lucha antiterrorista, a través de la desarticulación de comandos y la movilización social en el País Vasco y en el resto de España. La más espectacular fue tras el asesinato del concejal del PP Miguel Angel Blanco. Sin embargo los atentados continuaron después de la tregua de ETA (1998/99). En el País Vasco el PP consiguió avances electores y a cambio el PNV radicalizó su postura firmando con HB el Pacto de Estella o Lizarra que tenía como finalidad la autodeterminación de Euskadi.

La buena coyuntura económica de Europa y el éxito de la incorporación a la Unión Europea permitieron que España iniciara una etapa de expansión, creciendo anualmente más del 3%, descendiendo el paro y creciendo el empleo, pero de una manera temporal y precaria. También se ha seguido una política de privatización de empresas públicas (Endesa, Tabacalera, Repsol, Telefónica...), con lo que ayudaba al equilibrio de los presupuestos.

1. El gobierno con mayoría absoluta.

En las elecciones de marzo del 2000 el PP logró la mayoría absoluta. El nuevo gobierno, también presidido por Aznar pudo desarrollar los objetivos de su programa electoral sin necesidad del diálogo y optó más por la confrontación: reformas educativas (Ley de Calidad de la Enseñanza, Ley de Reforma Universitaria), laboral (recorte de derechos laborales como el PER), ley de Extranjería, que provocaron notables protestas sociales (huelga general de 2002).Igualmente las relaciones con el gobierno vasco alcanzaron gran tensión política. Como también sucedió con el caso del Prestige.

El crecimiento económico se frenó, no cumpliéndose la reducción de la tasa de inflación y los esfuerzos por lograr el déficit cero en los presupuestos, con lo que se deterioraron ciertos servicios públicos. En política exterior, se produjo un cambio radical en las alianzas exteriores, al acercarse a los Estados Unidos, en perjuicio del tradicional alineamiento europeo. Ejemplo grave fue el apoyo a la intervención en Irak.

Según parece, además del rechazo hacia la posición del gobierno ante la guerra, ante el problema del Prestige, y sobre todo el brutal atentado del 11-M y las dudas sobre la información facilitada por el gobierno, que mantuvo en un principio la autoría de ETA, motivaron un voto mayoritario hacia el PSOE en las elecciones del 14-M de 2004.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. Para añadir al tema de La Transición

La comisión encargada de redactar la constitución la formaron Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gabriel Cisneros (UCD), Miquel Roca (CIU), Manuel Fraga (AP), Peces Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (PCE). Una de las características fundamentales es que, dentro de una reforma pactada del Franquismo, la constitución se basó en el consenso.

Además hay que recordar que en estas cortes que se convirtieron en Constituyentes, no hubo mayoría absoluta de ningún grupo político. Está acomodada en los supuestos del constitucionalismo europeo de posguerra, con influencias de la Ley Fundamental de Bonn, francés e italiano. Un modelo de Estado pluralista, no centralista pero sí unitario y un régimen de monarquía parlamentaria; todo ello en el marco de una economía de mercado, es decir, asumiendo el capitalismo, si bien se posibilita cierta intervención del Estado como correctivo. Ya en el preámbulo, que aunque en sí no tiene carácter de norma, enuncia el espíritu democrático, liberal, respetuoso y protector del bienestar de los españoles y del conjunto de los pueblos de la Nación.

Los aspectos más polémicos fueron los relativos a la articulación de las autonomías. Por ejemplo, cuando se votó la indivisibilidad de la soberanía española, el PNV se abstuvo.

El texto define un Estado no confesional, aunque urge a los poderes públicos a tener en cuenta la religiosidad de los españoles y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. La fórmula intentaba superar los problemas del laicismo en la II república

Tres corrientes ideológicas influyeron: el liberalismo (derechos individuales, imperio de la ley, división de poderes), socialismo democrático (Estado social dentro del capitalismo, es decir, que puede intervenir para corregir las desigualdades) y el humanismo cristiano.

1. Derechos Fundamentales

El Título Preliminar contiene los valores fundamentales, una multiplicidad de objetivos, no siempre en estrecha coherencia ni significado inequívoco. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, es decir, que es social como principio orientador a los poderes públicos, por el interés en mejorar el bienestar de la comunidad, democrático por la participación ciudadana, y de Derecho porque todos los poderes públicos están sujetos al cumplimiento de la ley.

La “soberanía nacional reside en el pueblo español”, es decir que aunque haya sufragio universal, y haya una democracia representativa, es el conjunto de la nación quien es el titular de la soberanía. Somos una sola nación y la voluntad popular constituyente es nacional, de forma que sería imposible cualquier pretensión de autodeterminación por una parte del territorio nacional. Sin embargo, la nación que es una e indivisible, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía (Título VIII). Un ejemplo del carácter pactado de la transición lo tenemos en la expresión de que la “constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

La importancia que supone la nueva situación hace que aparezca el pluralismo político como valor superior y en artículos destacados. Así no sólo se marca la novedad frente al franquismo sino que van a ser los partidos políticos los creadores de la voluntad general.

Los derechos y deberes fundamentales se dividen en los individuales: dignidad de la persona, respeto a la ley, libre desarrollo de la personalidad, igualdad ante la ley, derecho a la vida y la integridad (se abole la pena de muerte), libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, derecho al honor, de expresión... Estos derechos aseguran a las personas su autonomía frente a los poderes públicos, los grupos u otras personas. Su falta infringe el Código Penal. Sólo el derecho a manifestación debe ser comunicado previamente y puede ser denegado. Las libertades públicas incluyen el derecho de reunión pacífica, de asociación, de educación... La participación política se hará mediante los partidos políticos, y el derecho de petición individual y colectiva. También se incluyen en el título primero los derechos que son deberes: derecho y deber de defender a España, a sostener los gastos públicos, al trabajo, al matrimonio, la propiedad privada y la herencia (pero “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”).

La novedad la suponen los derechos económicos y sociales, la tercera generación de derechos, los “derechos potenciales”. Tratan de ser la aspiración de una sociedad en un Estado de Bienestar e inspiran a los poderes públicos en una futura legislación positiva y al Tribunal Constitucional. Estos principios carecen de una protección directa, pues el ciudadano no puede alegar derechos constitucionales. Protección a la familia, la Seguridad Social, derecho a la protección a la salud, disfrutar del medio ambiente, del patrimonio cultural, vivienda digan, integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, defensa de los consumidores... Aquí se demuestra el carácter social de nuestro Estado de Derecho.

La constitución establece un sistema de garantías que protegen el conjunto de derechos y deberes, que están graduados según se trate de personales, individuales, colectivos, de ciudadanía o principios rectores. Los más protegidos son del 14 al 29: igualdad ante la ley, derecho a la vida e integridad, libertad ideológica, libertad y seguridad, honor, circular libremente, libertad de expresión, reunión, asociación, participación en asuntos públicos, tutela efectiva de los tribunales, educación. Sindicación y petición.

La novedad de esta constitución es la figura del Defensor del Pueblo, proveniente del Ombudsman sueco y cuyo origen remoto podemos encontrarlo en el Justicia de Aragón. Es una alto comisionado elegido por las cortes que tiene como misión defender a cualquier ciudadano de los derechos del Titulo I.

2. La Corona y los poderes.

El artículo 1.3. define la forma política del Estado español como una Monarquía parlamentaria. Forma política y no forma de gobierno significa que el rey es jefe de Estado, pero está separado del Poder Ejecutivo. El rey es símbolo de la unidad de la patria y sus funciones son de arbitraje –muy controlado- pero con una “zona de penumbra” muy amplia. Su papel es arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, representar a España en el exterior.

Las Cortes Generales tienen el poder legislativo. Están compuestas por Congreso de los Diputados y Senado, y formalmente tienen preeminencia sobre el Ejecutivo –Gobierno-, aunque en la práctica sea al contrario. Las dos Cámaras se eligen por sufragio universal directo. Sus funciones son el poder legislativo, aprobar los presupuestos controlar al gobierno. El Senado es la cámara de representación territorial, por lo que hay senadores que son representantes de las Comunidades Autónomas y se renuevan con las elecciones autonómicas, no con las generales.

El Congreso de los Diputados tiene preeminencia sobre el Senado –del que se ha llegado a cuestionar su necesidad-: las cuestiones de confianza, las mociones de censura, control del gobierno, son funciones del Congreso. El senado tiene más bien es una “cámara de enfriamiento”. Ambas cámaras trabajan en sesión plenaria o en comisiones, formadas por grupos de diputados con voto proporcional a su peso parlamentario.

Tanto el Gobierno como el Parlamento tienen iniciativa legislativa, y también se reconoce la iniciativa popular y de las Comunidades Autónomas. Una vez que el proyecto de ley llega al Congreso se inicia su tramitación Si el Congreso lo acepta es un proyecto de ley. En la práctica la mayoría de las leyes parten de la iniciativa del Gobierno.

Una de las prioridades de la constitución fue la de crear un gobierno estable. El poder Ejecutivo está formado por el Gobierno y la Administración. El gobierno está formado por el presidente y los ministros que nombre. En su relación con las Cortes, se refuerza el papel del Gobierno: puede conseguir la investidura (nombramiento) por mayoría simple, la confianza también es por mayoría simple, la moción de censura es constructiva –es decir, hay que presentar un candidato alternativo-. El presidente dispone de la facultad de disolver las Cortes. El parlamento por su parte también puede someterlo a interpelaciones y sesiones de control. El Gobierno dirige la política interior y exterior, las administraciones civil y militar.

El poder Judicial consigue una relativa independencia: el Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial son independientes del ministerio de Justicia. La organización del poder judicial se superpone la de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas, pero el conflicto más grave lo suponen el Tribunal Supremo y el Tribunal constitucional. El primero es teóricamente el máximo órgano, excepto para las cuestiones de los derechos fundamentales.

El Guardián de la constitución es el Tribunal Constitucional, órgano jurídico y no político, pero lo es por la forma en que es nombrado y su cometido. Su misión es velar porque el Parlamento o las Comunidades Autónomas pueden “equivocarse” dando supremacía a intereses políticos en perjuicio de la constitución. Es el único intérprete, infalible “un superpoder político”.

3. La organización territorial del Estado.

Fue el capítulo más polémico de la Constitución, puesto que había que satisfacer las ansias nacionalistas de vascos y catalanes sin levantar sospechas de romper la unidad de España. Por ejemplo, para evitar enfrentamientos se utilizó el neologismo “nacionalidades” en lugar de regiones o naciones. El Estados de las Autonomías se fundamenta en la indisoluble unidad de España y en la existencia de Comunidades Autónomas con órganos e instituciones territoriales. Es un Estado Unitario, no es federal, pero no es centralista. La autonomía partirá siempre de la solidaridad entre las regiones, no pueden existir fronteras dentro del territorio español.

La fórmula para acceder a la autonomía varía según se trate de una comunidad histórica, es decir, con estatuto de autonomía en la república o no. Para los primeros está pensado el artículo 151 y la general es el 143. El 151 prevé una autonomía más rápida y con mayores competencias, una mayor ventaja. El caso de Andalucía fue excepcional en la previsión constitucional.

Los artículos que asignan competencias están plagados de excepciones y frases equívocas para permitir –o no- una mayor autonomía. Hay competencias que son exclusivas del Estado central: nacionalidad inmigración, defensa, relaciones internacionales, legislación mercantil, penal, laboral, civil, sistema monetario... Y las Comunidades Autónomas pueden tener potestad legislativa, ejecutiva o ambas sobre estas cuestiones.

Las CCAA tendrán una Asamblea Legislativa, por sufragio universal. Un consejo de Gobierno con su presidente. Un Tribunal superior de Justicia y un Estatuto de autonomía, con rango de Ley Orgánica. También tienen sus recursos propios por impuestos cedidos o especiales, además de las transferencias de un fondo de compensación interterritorial.

4. Otras particularidades: economía y hacienda; la Reforma Constitucional.

El reducido título VII habla de la Economía y Hacienda reconoce que toda la riqueza del país está sometida al interés general. Se reconoce la intervención del Estado en economía y el interés de la modernización y cierta planificación general. Los tributos y los presupuestos también se regulan en este título de una manera somera.

Las disposiciones del Titulo X para la reforma constitucional hacen prácticamente imposible un cambio que no sea los necesarios para la integración en Europa.

11. La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales.


I. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y SOCIALES DEL RÉGIMEN FRANQUISTA.

Llamamos franquismo al régimen instaurado por Franco a raíz de su victoria en la Guerra civil. Desde 1939 a 1975 es un régimen dictatorial pero sufrió algunos cambios de naturaleza que hay que tener en cuenta. De principio a fin fue una verdadera dictadura, siempre tuvo todos los poderes en su mano, él pensaba que no tenía que responder más que “ante Dios y ante la Historia”. Los historiadores dudan entre llamarlo fascista, totalitario, autoritario, todavía hay quienes lo defienden. Es una amalgama entre estado totalitario, dictadura militar, estado fascista y monarquía absoluta sin rey.

Franco hizo responsable al liberalismo de todos los males de España, y trató de recuperar –inventando si era preciso- las formas tradicionales del imperio, caudillismo, cortes estamentales... Vivió además estaba obsesionado por las amenazas de la masonería y el comunismo, enemigos de la verdadera EsPaña. Suprimió la Constitución de 1931, y las garantías individuales y colectivas, se prohibieron los partidos políticos y sindicatos, se abolieron los estatutos de autonomía y se prohibió toda manifestación de tipo nacionalista, incluido el uso de la lengua.

1.1 Ingredientes ideológicos.
1) FALANGE: Franco nunca fue un falangista convencido, pero la Falange le resultaría de gran utilidad. Gracias a la desaparición de su fundador, José Antonio Primo de Rivera, Franco pudo utilizar el partido a su antojo. Aunque la Falange tuviera su importancia nunca tuvo ministros de gran influencia. La doctrina de José Antonio se diluyó y fue utilizada como instrumento para mantener los ideales del Alzamiento Nacional del 1936 y controlar la opinión pública.

2) NACIONAL-CATOLICISMO: Desde el comienzo de la guerra adoptó una mentalidad nacional-católica radical. Se veía a sí [1]mismo como hombre providencial elegido por dios para la salvación de España. “Franco, caudillo de España por la gracia de Dios”. Franco puso en manos de la Iglesia el control de la educación. Además surgieron dos organizaciones laicas que participaron en las tareas del Estado, primero la Asociación Católica Nacional de Propaganistas (ACNP) y después el Opus Dei.

3) MILITAR. Siempre su justificación viene de haber ganado la guerra. El Estado de Guerra duró hasta 1948, aunque a partir de 1964 se hablara de “paz” más que de “victoria”. La mentalidad militar se reflejaba en el autoritarismo del régimen. Los militares van a ocupar carteras importantes en sus ministerios. El ejército era el núcleo de la esencia de España. Sólo recibió críticas de algunos militares monárquicos y sobre la descolonización de Africa.

4) NACIONALISMO ESPAÑOL, fruto del pensamiento falangista y tradicionalista, sirve como aglutinante social, en contra de las exigencias autonomistas de catalanes y vascos. La unidad histórica de España lleva a fórmulas retóricas como la “unidad de destino en lo universal”. Es una teoría de sencillez intelectual.

5) NACIONAL-SINDICALISMO, contra el comunismo y el capitalismo, Franco planteó el nacionalsindicalismo, retórica para ocultar su falta de conocimientos económicos y unos principios liberales sobre la propiedad y controles sindicales, laborales y políticos del fascismo.

6) DEMOCRACIA ORGÁNICA: como antiliberal rechaza el sistema de partidos y crea la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, partido único similar al fascismo que acabará denominándose Movimiento Nacional, de pertenencia obligatoria para los funcionarios. La democracia orgánica consistía en que no se votaba ideas enfrentadas, sino que se organizaba la política por las unidades naturales de la sociedad: familia, sindicato y municipio, y un sistema de votación indirecta –y manejada-.

1.2. Organigrama del Franquismo

1) Francisco Franco: Jefe del Estado, jefe del partido, caudillo de España y Generalísimo de los ejércitos. En enero de 1938, Franco nombraba su primer gobierno con la participación de falangistas, monárquicos, militares y técnicos. Franco era jefe del Estado, del Partido, del Gobierno, presidente del Consejo Nacional y nombraba al presidente de su Junta política. Tenía poderes excepcionales para promulgar leyes.

2) Movimiento Nacional, partido único FET de las JONS

3) Sindicatos Verticales (posteriormente llamados Organización Sindical), que dependían de un Secretario General. Basándose en el fascismo establecía que empresarios y trabajadores se integrarían en un mismo sindicato por ramas de producción. El Estado controlaba todo el sistema y la afiliación era obligatoria. La Organización Sindical Española (OSE) tenía una estructura territorial de alcance nacional, otra sectorial que agrupaba a todos los productores y finalmente otra dedicada a obras sindicales de carácter asistencial.

4) Las Cortes, “órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado”, nada que ver con la democracia, eran meramente consultivas. Los representantes a Cortes o “procuradores” eran designados por el poder: ministros, miembros del Consejo Nacional del Movimiento, de la Organización Sindical, “procuradores natos” por su cargo: alcaldes de las mayores ciudades , rectores de Universidades, representantes de la iglesia, sindicatos... Servía para designar la "democracia orgánica".

5) Gobernadores civiles en cada provincia. No existe el concepto de región o comunidad autónoma

6) Capitanías Generales en el plano militar

1.3. Leyes fundamentales

- Fuero del Trabajo (1938): líneas generales del ordenamiento laboral, inspirado en Mussolini: salario, jurisdicción, organización de la empresa y propiedad, sindicatos y seguridad social.
- Ley de Constitución de Cortes (1942) de carácter sólo consultivo. Fue corregido por la Ley Orgánica del Estado. Representantes de los tres estamentos: sindicatos, entidades profesionales y designados por el Consejo Nacional. El sufragio era restringido y sucesivo.
- Fuero de los Españoles (17 julio 1945) lo más parecido a una constitución, califica al régimen como "nacionalcatolicismo", deberes y derechos, así como el reconocimiento formal de las libertades individuales.
- Ley de Referéndum (1945): sufragio universal para cualquier modificación de las Leyes Fundamentales (después la Ley de Principios del Movimiento era excepción).
- Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947. Se sometió a referéndum nacional. El Jefe del Estado se reservaba el derecho a nombrar sucesor. España se define como un reino, aunque Franco sería el jefe de Estado vitalicio, con atribuciones extraordinarias.
-Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) a la que seguirían el Fuero de los Españoles de 1967 y la Ley Orgánica del Estado de 1967, para adecuar el régimen a la Guerra Fría.


1.4. Las “familias” del régimen.

Aunque Franco nunca contara con las simpatías de ninguno de los grupos que lo sustentaban, supo mantenerse en el poder variando los apoyos, nunca se sustentó en un solo grupo político o ideológico, haciendo equilibrios entre el poder civil, militar y eclesiástico. La diversidad de influencias se manifiesta en las diversas familias. Unas eran grupos corporativos, como el Ejército o la Iglesia, otros eran políticos, como la Falange, también había grupos de presión como el Opus Dei, o los “tecnócratas” de los años sesenta. Los monárquicos al principio apoyaron la sublevación del 18 de Julio, pero el heredero, don Juan de Borbón, en el manifiesto de Lausana (1945), al reclamar la jefatura del Estado enturbió las relaciones con el dictador. Los carlistas no plantearon problemas serios. La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado fue denunciada por don Juan como ilegal porque proponía como heredero a su hijo, convenientemente educado en España bajo los principios del Movimiento Nacional.

1.5. Bases sociales.

Además de los grupos citados (Falange, Iglesia y ejército), el franquismo se sintió respaldado por los grupos sociales que habían apoyado la sublevación militar: grandes terratenientes, empresarios industriales, financieros, pequeñas burguesías provincianas y el campesinado católico del norte y centro del país. Los apoyos sociales aumentaron con el clientelismo (enchufismo).

La acomodación voluntaria al franquismo se impulsó en los años sesenta gracias a la relativa prosperidad que sucedió a los durísimos años de la posguerra. El crecimiento económico hizo surgir una clase media muy numerosa que transigieron las restricciones políticas y las libertades a cambio de un nivel aceptable de bienestar. Una nueva clase trabajadora identificó su progreso con la actuación económica del franquismo, eran los obreros apolíticos, “estómagos agradecidos”.

Tampoco estuvieron descontentas las pequeñas burguesías enriquecidas por el proteccionismo oficial a la industria en Cataluña y el País Vasco. Las generaciones de empresarios jóvenes y todos los colectivos que consiguieron promocionarse en el escalafón de la administración pública.

Nada pudo ayudar más a que el régimen durara casi cuarenta años que la falta de conciencia política y la frustración cultural en que el franquismo mantuvo a los españoles. A través de un control absoluto de los mecanismos de propaganda y educación: un modelo de enseñanza autoritario y coactivo. Todo ello pudo, en cierta manera, perpetuar el llamado “franquismo sociológico”.

1.6 Control social: puritanismo ideológico.
El franquismo impuso una involución en la vida cotidiana y en la cultura. Se impuso una dirección “paternalista” de la sociedad. Todos los factores de la vida publica y privada se pretendieron dirigir desde el Estado y el movimiento Nacional y ensalzar la figura del Caudillo. La mujer no sólo perdió el voto, sino que acabó recluida en el hogar y en la Sección Femenina de FET de las JONS, encargadas de un Servicio Social equivalente al militar de los varones.

El adoctrinamiento comenzaba en las escuelas y con organizaciones como el Frente de Juventudes, de pertenencia obligatoria que organizaba campamentos. La Iglesia y la Falange fueron las encargadas de ello. En las escuelas se implantó la asignatura de Formación del Espíritu Nacional. Por ejemplo, las prácticas religiosas se convirtieron en actos públicos de asistencia controlada: novenas, procesiones, certificados de buenas costumbres... Prohibía las relaciones sociales como bailes, cine y otras diversiones donde todo se consideraba pecado. En la escuela se cantaba el Cara al Sol (Himno de Falange). Los valores tradicionales como la autoridad, disciplina, obediencia y entrega, vuelta al medio rural...

La censura de libros, periódicos, cine y obras culturales empobreció el desarrollo cultural e intelectual del país. El panorama fue desolador.
2. ETAPA AZUL. LA POSGUERRA.

En una primera etapa Franco nombró tres gobiernos y su actuación estaba cercana al eje Roma-Berlín-Tokio. Las carteras estaban repartidas entre las diferentes familias de influencia política: el ejército, los católicos (enseñanza), los tradicionalistas (justicia), falange (agricultura, trabajo, sindicatos y subsecretaría del Movimiento), y conservadores (Hacienda, obras públicas, industria y comercio). El ministerio de defensa se divide en los tres ejércitos. Los monárquicos quedaron fuera del régimen por su apoyo a Don Juan.

La política social se reguló con el Fuero del Trabajo promulgado en plena guerra. El Estado asumía la tarea de garantizar a los españoles, la patria, el pan y la justicia. Además se controlaron los salarios, y se establecía que las retribuciones. Sin embargo los salarios perdieron poder adquisitivo con la inflación. El Estado se convierte en asistencial y paternalista (ej. los economatos laborales). El carácter social lo toma del nacional-sindicalismo de la falange. Se abolen los sindicatos y se crean los sindicatos verticales, únicos y obligatorios que integraban en cada rama de la producción todos los elementos. Por su parte se aseguraba la estabilidad laboral, aunque las empresas no se modernizaban y que no había huelga (era delito de sedición). Se crea la Seguridad Social en 1943 por el falangista José Antonio Girón (Seguro Obligatorio de Enfermedad

Por supuesto se derogó la ley del divorcio y todos los avances sociales de la mujer y la criminalización de las actitudes sexuales "atípicas".

Durante la II Guerra mundial Alemania iba ganando y España se mantuvo en la neutralidad, pero pasó a las posiciones de no beligerancia (no participa en acciones bélicas, pero sí apoya a uno de los bandos) tanto por las presiones de estos países como las aspiraciones franquistas de expansión, especialmente los falangistas y su proyección imperialista (Serano Súñer, ministro de Asuntos exteriores, germanófilo). Además se arriesgó con el envío de la División Azul a Rusia, apoyando al ejército alemán.

Se volvió a la neutralidad tras la entrevista de Franco y Hitler en Hendaya (Hitler consideraba excesivas las pretensiones de España), y a que comenzaron a ganar los aliados. una nueva entrevista entre Franco y Mussolini en Bordighera (Italia) acabó con las apsiraciones de entrar en guerra. El régimen hizo propaganda de que Franco había evitado que España entrara en guerra. Se sustituyó a Serrano Súñer, se repatrió la División Azul y se procuró que en las leyes se insistiera en su carácter anticomunista y se olvidara el tinte fascista. Sin embargo, las potencias vencedoras rechazaron al régimen de Franco. No se la incluyó en el Plan Marshall

La situación internacional obligó a Franco a cambiar su gobierno, desplazando un poco a la Falange y potenciando el sector católico con Martín Artajo para Asuntos Exteriores. Se abandonó la simbología fascista (saludo brazo en alto), aunque Franco reaccionó despreciando la condena internacional como una conspiración judeo-masónica-marxista. Sólo era apoyada por Portugal (Salazar) y Perón en Argentina.

Se intentó que la agricultura, industria, comercio y servicios fueran autosuficientes para abastecer la demanda española. El objetivo era la autosuficiencia, por vocación y por el boicot extranjero al régimen franquista. No fue posible por: se restauró la Reforma agraria devolviendo las tierras a sus amos, la baja tecnología agraria, falta de capital para la inversión, escasez de materias primas, imposibilidad de cooperación económica con otros países, falta de industria básica e infraestructura. la creación en 1939 del Instituto Nacional de Colonización, fue insuficiente, atraso técnico, falta de abonos una "pertinaz sequía". El Servicio Nacional del Trigo obligaba a los agricultores a entregar la mayor parte de sus cosechas a un precio regulado.

Las consecuencias fueron un largo proceso de racionamiento de productos básicos (y de estraperlo), una renta per cápita más baja (sólo iguala a la de 1935 la de 1953), movimientos de protesta (huelgas y guerrilla), distanciamiento de occidente.

La política es intervencionista y proteccionista (tarifas altas para proteger los productos nacionales de la competencia extrajera), lo que tambión propició el tráfico de influencias, el amiguismo y la corrupción. Una mentalidad de economía de guerra, el Estado quería lograr un control completo de la economía: salarios, precios, producción agrícola, comercio (mediante cuotas a la importación y control del tipo de cambio e inversiones extranjeras) y la participación directa del Estado en la economía. Por eso se crearon empresas estatales como Endesa (electricidad), Seat y Enasa (transporte). La mayor parte de estas empresas se integraron en el holding estatal llamado Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941. El INI, debido a las presiones empresariales, pasará a desempeñar funciones de ayuda alas industrias privadas.

El mercado interior era muy pobre y pequeño, con escasez de energía y materias primas, con comunicaciones muy deficientes. El desarrollo autárquico se vio frustrado. Las políticas fueron costosas y de reducidos resultados. Escaseaban los productos de consumo y la inflación era grande. El comercio exterior estaba en déficit persistente que fue sistemáticamente acabando con las divisas. A finales de los 50 llegó la crisis total. Faltaban divisas, amenazaba la bancarrota.

La represión fue durísima. Además del exilio de en torno a 500.00 españoles, la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) actuaba con efecto retroactivo, llegando hasta 1934 y condenando a los que hubieran tenido simpatías o responsabilidades políticas en la República. En 1940 se aprobó la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo y al año siguiente la Ley de Seguridad del Estado. Más de 100.000 presos en cárceles, campos de concentración, plazas de toros; torturas, apaleamientos y muertes, así como la redención de penas por trabajo (los llamados "esclavos de Franco"). Los sospechosos que permanecieron en libertad fueron depurados, especialmente los funcionarios como los maestros. Cualquiera que hubiera tenido relación con la república era apartado de toda responsabilidad. Se llevó a cabo la llamada Causa General, en la que se investigaban todos los crimenes de los republicanos. El miedo se adueñó de la sociedad española. Sólo podríamos hablar de la resistencia armada de guerrilla (el maquis) en algunas zonas de España, de comunistas y anarquistas. La clandestinidad fue una manera de actuar.
 

3. EL DESARROLLISMO.

Esta segunda fase del franquismo se caracteriza por el final de la autarquía y los primeros contactos con las economías extranjeras y la inquietud social nacida de la creciente inflación. Además es el comienzo de una nueva era dentro de la Guerra Fría: la firma de los tratados con EEUU y el Vaticano. El aislamiento internacional se rompió gracias al acercamiento a los EEUU en su vertiente anticomunista. Primero entró en la FAO, después en la OMS y la UNESCO y se firmaron los Pactos hispanoamericanos de 1953. El acuerdo con EEUU significaba asistencia económica (625 millones de dólares) y ayuda militar. A cambio 4 bases en Torrejón, Zaragoza, Morón y Rota. Ese fue, además el paso para formar parte de la ONU (1955), el Banco Mundial y el FMI. Asimismo ingresó (1960) en la Organización de Cooperación Económica Europea (OCDE), un intento de entrar en la CEE.

El Concordato con la SS recogía el derecho de presentación de obispos por parte de Franco, la enseñanza religiosa, exenciones de impuestos y otros privilegios judiciales, provisión económica de las diócesis. Se acerca el OPUS DEI.

La normalización de las relaciones internacionales hizo más patente el fracaso de la autarquía. Las primeras ayudas de EEUU terminaron con el racionamiento del pan, aunque la situación retrocedió de nuevo.

En cuanto a la política, seguían las familias franquistas, y toma especial relevancia una figura clave, el almirante Carrero Blanco (y su hombre de confianza, Muñoz Grandes), principal valedor de los primeros tecnócratas del Opus Dei, grupo de economistas liberales cercanos a la política del gobierno. Los ministros reformistas pertenecientes a la ACNP como Ruiz-Giménez para la cartera de Educación fueron una tímida remodelación. En 1958 se promulgó la Ley de Principios del Movimiento, en la que se insistía en la unidad de los grupos políticos y sociales. No podía ser modificada ni por referéndum. Se exige su juramento en la toma de posesión de todo cargo político. La oposición seguía en el exilio y en el maquis. Se controlaba por la censura, la Ley de Prensa, los noticiarios, aunque comenzó cierta tímida apertura. En 1963 se crea el Tribunal de Orden público (TOP) para sustituir al Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. No era menos represión, pero sí menos jurisdicción militar.

Ante la situación económica, que estaba al borde de la suspensión de pagos hubo un cambio en el gobierno. Franco nombró como ministros a Navarro Rubio (Hacienda), Alberto Ullastres (comercio) y López Rodó (Secretaría General técnica), tecnócratas pertenecientes al Opus Dei. Esta administración tomó la iniciativa de reorganizar la economía. El Plan de Estabilización (1959) liberó radicalmente el modelo económico mediante:

- sometimiento a la disciplina económica exterior
- liberalización del comercio exterior, devaluación de la peseta (favorece la exportación y frena la importación), se estableció 1 dólar, 60 ptas.
- aceptación de capital extranjero
- entrada de divisas de la emigración y el fomento del turismo
- supresión del intervencionismo estatal. No emisión de deuda pública.
Contención de los precios mediante una ley fiscal que frenara la demanda y el gasto público. Esto afectó a los salarios.
Esta renovación económica dio origen a una nueva etapa de desarrollo continuado. El desarrollismo, un milagro económico español que llevó a la economía española a los países industrializados. El Plan de Estabilización Económica de 1959 fue fundamental, pues acabó con la autarquía. Seguirán tres sucesivos Planes de Desarrollo. Principalmente dirigidas a parar la inflación y adecuar la legislación económica a las internacionales. Los efectos inmediatos del plan fueron una mejora de la balanza de pagos y una severa recesión, concretada en una reducción de la demanda y un aumento del paro, lo que llevó a la emigración. Los emigrantes enviaban divisas y así se equilibraba la balanza de pagos. La clave para que no fuera un fracaso es que la economía mundial estaba en auge. Los países industriales, especialmente en Europa, iniciaron una etapa de crecimiento sostenido, y fueron un mercado para las mercancías españolas y oportunidades de empleo para los emigrantes. También benefició el turismo, generador de empleo, riqueza y divisas. Además supuso un tirón para el resto de la economía: construcción, industria.

Los PLANES DE DESARROLLO. El primero (1963-67) creó los Polos de Promoción y Desarrollo Industrial para paliar los graves desequilibrios territoriales del crecimiento económico regional. El segundo (1968-1971) puso un mayor énfasis en la agricultura y el tercero (1972-1975), vio recortados sus proyectos por la crisis económica. Todavía hay quien piensa que la economía creció a pesar de los Planes de Desarrollo. Subió especialmente el turismo y la construcción. A pesar de que formalmente no se había cumplido el plan, la economía española creció en los años 60 (el desarrollismo). La subida de los precios a causa del desorden mantenido y del coste de la vida -con lo que los trabajadores exigían nuevas subidas- evitó el saneamiento estructural. A esto hay que sumar la especulación incontrolada. El tercer plan fue truncado por la crisis del petróleo.

Durante este período el crecimiento económico se vio acompañado de profundos cambios estructurales. El éxodo rural, incremento de la población activa en los sectores secundarios y terciario. Mayor consumo de energía, del carbón al petróleo. Se generalizaron los modernos sistemas industriales. Desde el punto de vista espacial, la periferia costera y Madrid atrajeron a la industria y el turismo, quedándose despoblado el campo.

En la población estos cambios influyeron en un aumento de la natalidad, y nuevas migraciones: éxodo rural, migraciones a Europa (Alemania, Francia, Suiza) bien temporales (vendimia) o definitivas. El crecimiento de las ciudades fue caótico en muchos casos. Aumentó la clase media y el proletariado industrial. Comenzó una sociedad consumista y algo más moderna (la época del "seiscientos"). Todo esto repercutió en las reivindicaciones políticas. Aumentan los movimientos sindicales y los grupos políticos, entre los que destaca el PCE y los sindicatos clandestinos como las Comisiones Obreras. Esta organización fue perseguida y sus dirigentes procesados y encarcelados (proceso 1001)

Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo presentaba la Ley de Prensa y eliminaba la censura previa (pero no la censura). Villar Palasí presentó en 1970 la Ley General de Educación que ampliaba la escolarización obligatoria hasta los 14 años. La Ley Orgánica del Estado fue aprobada por referéndum en 1966 con un despliegue propagandístico sin precedentes,, con ella se dotaba de una especie de constitución para intentar satisfacer las exigencias de los países democráticas de la CEE. Para evitar que la CEE diera el beneplácito al régimen, se organizó un Congreso en Múnich en el que personalidades españolas (Madariaga, Gil Robles, Ridruejo) y grupos políticos elaboraron un tímido manifiesto en contral. El Régimen reaccionó con virulencia contra el llamado "contubernio de Múnich" y desterrando a los participantes.

El caso MATESA (1969), un caso de corrupción protegonizado por una empresa de maquinaria textil con gran protección del régimen afloró la pugna entre tecnócratas y falangistas. La crisis se cerró un un gobierno monocolor en el que Carrero Blanco se erigió en hombre fuerte. el proceso de Burgos condenando a muerte a 16 miembros de ETA, provocó una gran reacción internacional y Franco respondió con represión y manifestaciones de aclamación en la Plaza de Oriente. Finalmente se vio obligado a indultar a los condenados.
4. FINAL DEL RÉGIMEN

Momento clave para la crisis del régimen fue el atentado del almirante Carrero Blanco a cargo de ETA. Franco había decidido dejar de ser presidente de gobierno y lo había dejado en manos de Carrero. Con su muerte acaba la sucesión natural de Franco. La reacción del régimen fue el enfrentamiento entre los inmovilistas (búnker) y los aperturistas o reformistas. Se forma gobierno con Carlos Arias Navarro, que parecía ofrecer una apertura (espíritu de febrero), pero que demostró su incapacidad de democratizarse. Algunos ministros dimitieron, las protestas se hicieron más intensas (huelgas, manifestaciones, atentados) y el único recurso del gobierno fue la represión (detenciones, leyes antiterroristas, censura).

Además de ETA, funcionaban otros grupos terroristas como el FRAP y el GRAPO. La oposición se organizó en la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática. Dentro de los militares también se formó la Unión Militar Democrática (UMD).

A lo largo de 1974-75, la enfermedad de Franco le impidieron ejercer el gobierno y el príncipe Juan Carlos tuvo que ejercer la jefatura interina del Estado pero sin poder alguno. La oposición se organizó creando plataformas de actuación. En 1975 de promulgó una nueva ley antiterrorista que castigaba a la penda de muerte, condenándose seguidamente a 5 activistas de ETA y del FRAP, condenas que se llevaron a cabo a pesar de la protesta internacional.

Además estaba el conflicto del Sáhara, zona desértica pero rica en fosfatos, ambicionada por Marruecos y Mauritania. En 1973 se había creado el Frente Polisario, formación nacionalista y de tendencia socialista. España aceptó la descolonización y permitió un referéndum de autodeterminación. Hassan II, rey de Marruecos, con el apoyo de los EEUU, organizó en octubre, en plena agonía de Franco la Marcha Verde, una invasión pacífica del territorio que movilizó a miles de civiles. Ante el peligro de una guerra, España cedió y el 14 de noviembre se firmó el Acuerdo de Madrid, que suponía la entrega del Sáhara a Marruecos y Mauritania.

Franco moría el 20 de noviembre de 1975, diciendo que todo estaba “atado y bien atado”, ya que “después de Franco, las instituciones”.



[1] El cardenal Tarancón reconocería años después que la Iglesia tuvo “mucha culpa en hacérselo creer”.

viernes, 2 de mayo de 2008

11. La transición española y la Constitución de 1978

1. La situación a la muerte de Franco. El gobierno de Arias Navarro.

El 20 de noviembre de 1975 muere Franco, y según las Leyes Fundamentales, debía ser sucedido por el Príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón, que antes debía jurar los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, dos días más tarde. Su discurso fue prudente pero dejaba intuir algunos cambios: sin referencias a la guerra civil, ni al Movimiento, y sí a la reconciliación, la libertad y al reconocimiento de las peculiaridades regionales (“el rey quiere serlo de todos a un tiempo”).

La nueva situación política estaba abierta y era la época de las transiciones de la Europa mediterránea (Grecia, Portugal y España). Los había inmovilistas, que procedían del franquismo (viejos falangistas, ejército, sindicalismo vertical...) y “después de Franco, las instituciones”. Dentro también del franquismo estaban los aperturistas, que pensaban en abrir un poco el régimen, crear asociaciones políticas, aunque no fueran partidos y establecer un “contraste de pareceres” dentro siempre del Movimiento Nacional. Hablamos de Fraga y Silva Muñoz.

Fuera del régimen estaba la oposición, cada vez más crecida. Había grupos de oposición moderada (por ejemplo los monárquicos de don Juan de Borbón, los demócrata-cristianos y liberales) que preferían el final del régimen por procedimientos no rupturistas y oposición radical, representada por la izquierda tradicional: el PCE y el PSOE, los sindicatos clandestinos, UGT, CCOO, USO, CNT, que hablaban de ruptura. Alrededor del PCE, símbolo de la lucha antifranquista, y con CCOO, mónarquicos, carlistas se crea la Junta Democrática (1974). Alrededor del PSOE, con la UGT, el PNV, Izquierda Democrática, Unión Socialdemócrata... se crea la Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas organizaciones se unieron en la Coordinación Democrática, popularmente conocida como Platajunta.

El 22 de noviembre el rey “confirmó” al presidente de gobierno Carlos Arias Navarro. . El entendimiento con el rey nunca fue bueno. En este heterogéne primer gabinete de la monarquía había militares, viejos franquistas y algunos reformistas como Garrigues, Fraga o Areilza, los únicos cambios fueron de discurso (“participación” por “adhesión” al régimen). No hubo intento de legalizar los partidos políticos, sino algunas leyes sobre el derecho de asociación y reunión que pudieron facilitar la organización de éstos, así como un tímido indulto para algunos presos políticos. En abril de 1976 la situación empezó ha hacerse difícil: La huelga de Vitoria en la que mueren 5 obreros a manos de la policía, o los sucesos de Montejurra, en la que dos grupos de carlistas (liberales y reaccionarios) se enfrentan con el resultado de dos muertos. El búnker rechazó en las Cortes un tímido proyecto de Ley de Asociaciones. No se avanzaba en la liberalización política.

El rey, en un viaje a los Estados Unidos y en unas declaraciones a Newsweek había declarado su propósito de establecer en España un régimen democrático y había hablado veladamente de los problemas con Arias Navarro. Este tardó en asimilar la nueva situación y presionado por diversos sectores presentó su dimisión el 1 de julio de 1976. Además, Juan Carlos comunicaba a Pablo VI su renuncia al privilegio de presentación de obispos.

2. El gobierno de Adolfo Suárez.

El 3 de julio de 1976, a través de la negociación de Torcuato Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, fue nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, oscuro burócrata falangista, pero joven y con dominio de los medios de comunicación. España quedó sorprendida. Suárez tuvo muchas dificultades por la negativa a integrarse en su gobierno de los políticos importantes, por lo que su gabinete quedó formado por políticos jóvenes (especialmente del grupo Tácito*). Con cautela, se proponía la creación de un nuevo régimen político “de ley a ley”, de las leyes de Franco a las democráticas. Ultilizó el decreto-ley para las reformas: amnistía para presos políticos sin delitos de sangre, suprimir el Tribunal de Orden Público (TOP, encargado de la represión política), disolver el Movimiento Nacional... Se enfrentó a los militares cuando legalizó los sindicatos y el general De Santiago dimitió, siendo sustituido por Gutierrez Mellado.

La propuesta más ambiciosa se llamó Ley para la Reforma Política (LRP) y fue elaborada por Torcuato Fernández Miranda, que había sido nombrado por el Rey presidentes de las Cortes. Además había introducido en las Cortes un Procedimiento de Urgencia para la tramitación de leyes y evitar la resistencia al cambio. La Ley para la Reforma Política establecía el sufragio universal, unas Cortes de dos Cámaras, Congreso y Senado. El Rey podía someterla a referéndum del pueblo. La iniciativa de la reforma de leyes la tendría el gobierno y el Congreso de los diputados. El rey siempre tendría la posibilidad de promover referendos. Sería una Ley Fundamental. Era la clave para las bases de un sistema democrático, pero tenía que ser aprobada por las Cortes Franquistas. Con una gran habilidad política (por ejemplo, el voto nominal) Suárez consiguió que fuera aprobado por 435 votos, 59 negativos y 13 abstenciones. Esta votación supuso el fin de las cortes franquistas, por lo que se le conoce popularmente como el “Harakiri”.

Por su parte la oposición prefería una ruptura y no terminaba de convencerse ni siquiera del rey (“Juan Carlos, el Breve” denunció Santiago Carrillo, líder del PCE, en el exilio), ni mucho menos con Suárez. Esta oposición había unido sus fuerzas en la Coordinación Democrática o Platajunta. Su propuesta política era una ruptura: gobierno provisional de concentración, amnistía, legalización de partidos, cortes constituyentes. Suárez se fue entrevistando con los líderes políticos de la oposición (Tierno Galván, del PSP, Felipe González, del PSOE y Santiago Carrillo, del PCE, de manera clandestina), y poco a poco evolucionaría hacia una reforma pactada. Santiago Carrillo se había introducido clandestinamente en España y dirigía en la ilegalidad al Partido Comunista terminó por hacerse detener por la Policía para poder ser puesto en libertad. Desde la muerte de Franco, aunque eran ilegales, los partidos actuaban con cierta tolerancia. El PSOE celebró su XXVII Congreso en Madrid en diciembre de 1976. Felipe González se mostró moderado.

Esta época de la transición vivió las más intensas movilizaciones populares, huelgas, manifestaciones, no sólo de carácter laboral, sino también político, especialmente pidiendo amnistía y autonomía regional, sobre todo cuando se reconoció el derecho a la huelga. Entonces se celebró la primera manifestación feminista. Una de los puntos más importantes fueron los presos políticos, en 1975 se concedió un indulto, pero la amnistía más importante no llegó hasta 1977, sin incluir a los implicados en delitos de sangre. ETA, por su parte seguía entorpeciendo los intentos democratizadores por medio de atentados que justificaban el inmovilismo del búnker. El GRAPO, de extrema izquierda, secuestró en diciembre de 1976 al presidente del Consejo de Estado, y semanas más tarde al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y asesinó a tres policías, lo que obligó al gobierno a decretar el Estado de Excepción.

La extrema derecha se activó por fuerzas ligadas al aparato represivo del franquismo y por organizaciones paramilitares de ideario nazi. Los “Guerrilleros de Cristo Rey”, bandas fascistas financiadas y organizadas por burócratas del Franquismo y alentadas por publicaciones como Fuerza Nueva y el periódico El Alcázar, camparon libremente con el beneplácito de l policía. Librerías y publicaciones democráticas fueron sus objetivos (más de cien en 1976). En la misma semana del asesinado de tres policías por el GRAPO, pistoleros de ultraderecha mataban en la calle de Atocha a cinco abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE. Más de un millón de huelguistas se manifestaron ante la barbarie, pero con total ausencia de incidentes, lo que contribuiría al pronto reconocimiento del PCE

La Iglesia poco a poco se fue distanciando del Régimen franquista. Especialmente significativa es la homilía del cardenal Tarancón al Rey pidiendo apertura. La jerarquía no temía la quema de conventos. Por el contrario, los militares, casi en su totalidad (excepto la UMD) defendía el franquismo y abominaban de las autonomías que suponen la ruptura de la Patria.

La Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976 y se publicó en el BOE el 4 de enero. La oposición pidió la abstención, pero la participación fue cercana al 70%. Esto supuso además un fortalecimiento para la postura de Suárez. La labor urgente era crear las condiciones para que aparecieran los partidos políticos.

El gobierno Suárez dictó el Decreto-Ley de 8 de febrero de 1977 por el que se regulaba la forma en la que se declaraban legales los partidos políticos. Se presentaban los documentos al ministerio del Interior, si había algo que pudiera suponer alguna ilegalidad, el Ministerio los mandaría al Tribunal Supremo para que resolviese. Aparecieron grupos políticos de derecha, centro e izquierda –los más antiguos. En la derecha Alianza Popular de Fraga Iribarne. En el centro, Adolfo Suárez se acercó algunos grupos centristas creándose la Unión de Centro Democrático (UCD) que recoge buena parte del franquismo sociológico. A la izquierda estaba el PSOE, y un sinnúmero de pequeños grupos de izquierda. El problema más grave fue la legalización del Partido Comunista. Se llevó a cabo el Sábado Santo, 9 de abril de 1977. Con gran alegría para la oposición y disgusto y decepción para los militares y el búnker. Los comunistas, en señal de conciliación renunciaban a la bandera republicana y aceptaban la monarquía.

Como muestra de normalización, Juan Carlos recibía de forma oficial la renuncia de su padre a la corona, conservando el título de conde de Barcelona.

De acuerdo con la Ley para la Reforma Política, Suárez inició el proceso preautonómico y la descentralización del Estado de todas las regiones que lo solicitasen. De esta forma se intentaba responder a las manifestaciones reclamando los nacionalismos históricos, catalán, vasco, gallego o andaluz. El primer paso se dio en Cataluña, donde hubo un amplísimo consenso. Trras la Diada de 1977 (Día de Cataluña), Suárez, por decreto ley restablecía provisionalmente la Generalitat y se nombraba presidente a Josep Tarradellas, que lo había sido en el exilio. El caso vasco fue distinto debido al terrorismo de ETA y a que los nacionalistas exigían la incorporación de Navarra. El PNV no llegaróa a reconocer la Constitución y exigía la soberanía nacional vasca. A pesar de ello, en diciembre de 1977 se constituía el Consejo General Vasco, presidido por Ramón Rubiales. A lo largo de 1978 se crearon por decreto ley otros entes preautonómicos. La generalización del proceso dio lugar a prisas e improvisaciones qu no respondían a necesidades nacionalistas históricas, sino a los intereses de la clase politica.


3. Elecciones generales y Constitución Española

Fueron convocadas el 15 de abril de 1977 para ser celebradas dos meses después, el 15 de junio. Las elecciones se celebraron con absoluta normalidad y una participación alta. Los resultados electorales dieron la mayoría a la UCD. La UCD consiguió 165 escaños, seguidos por el PSOE con 118, PCE con 20 y AP con 16. CIU y PNV obtuvieron 13 y 8 respectivamente. El centro había prevalecido, marginando las opciones extremas de izquierda y derecha. El fracaso más llamativo fue el de la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez y Gil-Robles. El sistema había creado un bipartidismo imperfecto.

Aunque no tenían el rango de Constituyentes, las Cortes se dedicaron a elaborar una constitución democrática. El proceso fue de consenso entre los partidos, y fue larga su elaboración. La comisión encargada de redactar la constitución la formaron Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gabriel Cisneros (UCD), Miquel Roca (CIU), Manuel Fraga (AP), Peces Barba (PSOE) y Jordi Solé Tura (PCE). Una de las características fundamentales es que, dentro de una reforma pactada del Franquismo, la constitución se basó en el consenso.

Además hay que recordar que en estas cortes que se convirtieron en Constituyentes, no hubo mayoría absoluta de ningún grupo político. Está acomodada en los supuestos del constitucionalismo europeo de posguerra, con influencias de la Ley Fundamental de Bonn, francés e italiano. Un modelo de Estado pluralista, no centralista pero sí unitario y un régimen de monarquía parlamentaria; todo ello en el marco de una economía de mercado, es decir, asumiendo el capitalismo, si bien se posibilita cierta intervención del Estado como correctivo. Ya en el preámbulo, que aunque en sí no tiene carácter de norma, enuncia el espíritu democrático, liberal, respetuoso y protector del bienestar de los españoles y del conjunto de los pueblos de la Nación.

Los aspectos más polémicos fueron los relativos a la articulación de las autonomías. Por ejemplo, cuando se votó la indivisibilidad de la soberanía española, el PNV se abstuvo.

El texto define un Estado no confesional, aunque urge a los poderes públicos a tener en cuenta la religiosidad de los españoles y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. La fórmula intentaba superar los problemas del laicismo en la II República. Se recogerá la aconfesionalidad del Estado, pero se tenía en cuenta "las creencias religiosas de la sociedad española"

Tres corrientes ideológicas influyeron: el liberalismo (derechos individuales, imperio de la ley, división de poderes), socialismo democrático (Estado social dentro del capitalismo, es decir, que puede intervenir para corregir las desigualdades) y el humanismo cristiano.

1. Derechos Fundamentales

El Título Preliminar contiene los valores fundamentales, una multiplicidad de objetivos, no siempre en estrecha coherencia ni significado inequívoco. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, es decir, que es social como principio orientador a los poderes públicos, por el interés en mejorar el bienestar de la comunidad, democrático por la participación ciudadana, y de Derecho porque todos los poderes públicos están sujetos al cumplimiento de la ley.

La “soberanía nacional reside en el pueblo español”, es decir que aunque haya sufragio universal, y haya una democracia representativa, es el conjunto de la nación quien es el titular de la soberanía. Somos una sola nación y la voluntad popular constituyente es nacional, de forma que sería imposible cualquier pretensión de autodeterminación por una parte del territorio nacional. Sin embargo, la nación que es una e indivisible, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía (Título VIII). Un ejemplo del carácter pactado de la transición lo tenemos en la expresión de que la “constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

La importancia que supone la nueva situación hace que aparezca el pluralismo político como valor superior y en artículos destacados. Así no sólo se marca la novedad frente al franquismo sino que van a ser los partidos políticos los creadores de la voluntad general.

Los derechos y deberes fundamentales se dividen en los individuales: dignidad de la persona, respeto a la ley, libre desarrollo de la personalidad, igualdad ante la ley, derecho a la vida y la integridad (se abole la pena de muerte), libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad, derecho al honor, de expresión... Estos derechos aseguran a las personas su autonomía frente a los poderes públicos, los grupos u otras personas. Su falta infringe el Código Penal. Sólo el derecho a manifestación debe ser comunicado previamente y puede ser denegado. Las libertades públicas incluyen el derecho de reunión pacífica, de asociación, de educación... La participación política se hará mediante los partidos políticos, y el derecho de petición individual y colectiva. También se incluyen en el título primero los derechos que son deberes: derecho y deber de defender a España, a sostener los gastos públicos, al trabajo, al matrimonio, la propiedad privada y la herencia (pero “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”).

La novedad la suponen los derechos económicos y sociales, la tercera generación de derechos, los “derechos potenciales”. Tratan de ser la aspiración de una sociedad en un Estado de Bienestar e inspiran a los poderes públicos en una futura legislación positiva y al Tribunal Constitucional. Estos principios carecen de una protección directa, pues el ciudadano no puede alegar derechos constitucionales. Protección a la familia, la Seguridad Social, derecho a la protección a la salud, disfrutar del medio ambiente, del patrimonio cultural, vivienda digan, integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, defensa de los consumidores... Aquí se demuestra el carácter social de nuestro Estado de Derecho.

La constitución establece un sistema de garantías que protegen el conjunto de derechos y deberes, que están graduados según se trate de personales, individuales, colectivos, de ciudadanía o principios rectores. Los más protegidos son del 14 al 29: igualdad ante la ley, derecho a la vida e integridad, libertad ideológica, libertad y seguridad, honor, circular libremente, libertad de expresión, reunión, asociación, participación en asuntos públicos, tutela efectiva de los tribunales, educación. Sindicación y petición.

La novedad de esta constitución es la figura del Defensor del Pueblo, proveniente del Ombudsman sueco y cuyo origen remoto podemos encontrarlo en el Justicia de Aragón. Es una alto comisionado elegido por las cortes que tiene como misión defender a cualquier ciudadano de los derechos del Titulo I.

2. La Corona y los poderes.

El artículo 1.3. define la forma política del Estado español como una Monarquía parlamentaria. Forma política y no forma de gobierno significa que el rey es jefe de Estado, pero está separado del Poder Ejecutivo. El rey es símbolo de la unidad de la patria y sus funciones son de arbitraje –muy controlado- pero con una “zona de penumbra” muy amplia. Su papel es arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, representar a España en el exterior.

Las Cortes Generales tienen el poder legislativo. Están compuestas por Congreso de los Diputados y Senado, y formalmente tienen preeminencia sobre el Ejecutivo –Gobierno-, aunque en la práctica sea al contrario. Las dos Cámaras se eligen por sufragio universal directo. Sus funciones son el poder legislativo, aprobar los presupuestos controlar al gobierno. El Senado es la cámara de representación territorial, por lo que hay senadores que son representantes de las Comunidades Autónomas y se renuevan con las elecciones autonómicas, no con las generales.

El Congreso de los Diputados tiene preeminencia sobre el Senado –del que se ha llegado a cuestionar su necesidad-: las cuestiones de confianza, las mociones de censura, control del gobierno, son funciones del Congreso. El senado tiene más bien es una “cámara de enfriamiento”. Ambas cámaras trabajan en sesión plenaria o en comisiones, formadas por grupos de diputados con voto proporcional a su peso parlamentario.

Tanto el Gobierno como el Parlamento tienen iniciativa legislativa, y también se reconoce la iniciativa popular y de las Comunidades Autónomas. Una vez que el proyecto de ley llega al Congreso se inicia su tramitación Si el Congreso lo acepta es un proyecto de ley. En la práctica la mayoría de las leyes parten de la iniciativa del Gobierno.

Una de las prioridades de la constitución fue la de crear un gobierno estable. El poder Ejecutivo está formado por el Gobierno y la Administración. El gobierno está formado por el presidente y los ministros que nombre. En su relación con las Cortes, se refuerza el papel del Gobierno: puede conseguir la investidura (nombramiento) por mayoría simple, la confianza también es por mayoría simple, la moción de censura es constructiva –es decir, hay que presentar un candidato alternativo-. El presidente dispone de la facultad de disolver las Cortes. El parlamento por su parte también puede someterlo a interpelaciones y sesiones de control. El Gobierno dirige la política interior y exterior, las administraciones civil y militar.

El poder Judicial consigue una relativa independencia: el Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial son independientes del ministerio de Justicia. La organización del poder judicial se superpone la de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas, pero el conflicto más grave lo suponen el Tribunal Supremo y el Tribunal constitucional. El primero es teóricamente el máximo órgano, excepto para las cuestiones de los derechos fundamentales.

El Guardián de la constitución es el Tribunal Constitucional, órgano jurídico y no político, pero lo es por la forma en que es nombrado y su cometido. Su misión es velar porque el Parlamento o las Comunidades Autónomas pueden “equivocarse” dando supremacía a intereses políticos en perjuicio de la constitución. Es el único intérprete, infalible “un superpoder político”.

3. La organización territorial del Estado.

Fue el capítulo más polémico de la Constitución, puesto que había que satisfacer las ansias nacionalistas de vascos y catalanes sin levantar sospechas de romper la unidad de España. Por ejemplo, para evitar enfrentamientos se utilizó el neologismo “nacionalidades” en lugar de regiones o naciones. El Estados de las Autonomías se fundamenta en la indisoluble unidad de España y en la existencia de Comunidades Autónomas con órganos e instituciones territoriales. Es un Estado Unitario, no es federal, pero no es centralista. La autonomía partirá siempre de la solidaridad entre las regiones, no pueden existir fronteras dentro del territorio español.

La fórmula para acceder a la autonomía varía según se trate de una comunidad histórica, es decir, con estatuto de autonomía en la república o no. Para los primeros está pensado el artículo 151 y la general es el 143. El 151 prevé una autonomía más rápida y con mayores competencias, una mayor ventaja. El caso de Andalucía fue excepcional en la previsión constitucional.

Los artículos que asignan competencias están plagados de excepciones y frases equívocas para permitir –o no- una mayor autonomía. Hay competencias que son exclusivas del Estado central: nacionalidad inmigración, defensa, relaciones internacionales, legislación mercantil, penal, laboral, civil, sistema monetario... Y las Comunidades Autónomas pueden tener potestad legislativa, ejecutiva o ambas sobre estas cuestiones.

Las CCAA tendrán una Asamblea Legislativa, por sufragio universal. Un consejo de Gobierno con su presidente. Un Tribunal superior de Justicia y un Estatuto de autonomía, con rango de Ley Orgánica. También tienen sus recursos propios por impuestos cedidos o especiales, además de las transferencias de un fondo de compensación interterritorial.

Los estatutos vasco y catalán siguieron un proceso similar, aunque los resultados fueron diferentes. Fueron aprobados por Cortes y refrendados electoralmente el 25 de octubre de 1979. El catalán de manera rotunda, mientras que en el País Vasco hubo más oposición, porque Herri Batasuna (brazo político de ETA) pidió la abstención. En marzo de 1980 celebraron sus elecciones autonómicas.

4. Otras particularidades: economía y hacienda; la Reforma Constitucional.

El reducido título VII habla de la Economía y Hacienda reconoce que toda la riqueza del país está sometida al interés general. Se reconoce la intervención del Estado en economía y el interés de la modernización y cierta planificación general. Los tributos y los presupuestos también se regulan en este título de una manera somera.

Las disposiciones del Titulo X para la reforma constitucional hacen prácticamente imposible un cambio que no sea los necesarios para la integración en Europa.

4. Los Pactos de la Moncloa.

Suárez constituiría su segundo gobierno, el primer gobierno de partido, en julio de 1977. Paralelamente a la Constitución, Suárez eliminó de su gobierno a los tres ministerios militares. Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez se encargarían de encarar los problemas económicos derivados de la crisis del petróleo. Las líneas principales del nuevo gobierno adelantaban los pasos de la transición: institucionalización de las regiones en autonomías, negociar con la comunidad Económica Europea, combatir la inflación, y el déficit exterior, afrontar el paro y la reforma fiscal.

El final del franquismo, aunque aumento la renta per cápita, no lo hizo de una manera equitativa, y además, la transición coincide con la depresión ligada a la crisis del petróleo en 1973: subida del precio del petróleo, recesión de mercados, paro... Esto llevó a la inflación (26%), favorecido por el incremento del déficit del Estado. Las condiciones económicas llevaron a los enfrentamientos sociales pidiendo no sólo libertades sino también reivindicaciones salariales. Parte de los empresarios, muy ligados al franquismo, retiraron sus inversiones.

Uno de los grandes aciertos de Suárez fueron los Pactos de la Moncloa, impulsados por el vicepresidente Fuentes Quintana, firmados el 25 de octubre de 1977 por el gobierno y representantes de los partidos políticos. Fueron acuerdos a tres bandas: gobierno, empresariado, partidos-sindicatos, y tuvieron como objetivo fundamental la convalidación por la clase obrera del modelo económico y social que se establecería en la constitución. Los Pactos preveían reducir la inflación, acometer la reforma fiscal, la de la Seguridad social y la Empresa Pública. Los firmantes se comprometían a apoyar un nuevo marco de relaciones laborales: aumentos salariales conforme a la inflación prevista más un incremento.

Los efectos de los Pactos de la Moncloa permitieron a los políticos concentrarse en la Constitución y mejoraron la paz social, descendieron la conflictividad y la normalización de las relaciones laborales. Se ha intentado salir de la crisis con subvenciones al paro, indulgencia fiscal, permisividad de cierre empresarial y con la rebaja del valor del trabajo.

Estos ambiciosos planes no pudieron realizarse a corto plazo. Se emprendió la reforma de la Hacienda. Bajo el lema “Hacienda somos todos” se implantó un sistema basado en tres grandes contribuciones: las de la renta –de personas o IRPF y sociedades-, los impuestos sobre el gasto y los gravámenes sobre el patrimonio y las transmisiones. Se empezó la persecución de los defraudadores. De todas formas, en 1981 todavía los impuestos directos superaban a los indirectos.

5. Del gobierno de la UCD de 1977 al de Calvo Sotelo. El golpe de Estado del 23F.

Después de la aprobación de la constitución, la UCD ganó de nuevo las elecciones de 1979, con un escaso margen. Los resultados mostraban que había dos grandes partidos, UCD y PSOE. Avanzaban los partidos nacionalistas y la extrema derecha conseguía un escaño. Pero las elecciones municipales, las primeras de la democracia dieron el triunfo selectivo de la izquierda: los grandes núcleos urbanos pasaron a poder del PSOE. La UCD pretendió hacer una política reformista, pero la falta de cohesión y la presión del PSOE y los nacionalistas hicieron inviable su liderazgo.

Después de los Pactos de la Moncloa se elaboraron el Estatuto de los Trabajadores y el Acuerdo Nacional de Empleo. Más disputa supusieron la Ley de Incompatibilidades, la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de los Centros Docentes. El PSOE presentó una moción de censura al gobierno, que de acuerdo con la constitución tendría que proponer un candidato, Felipe González. Suárez superó la moción pero salió muy debilitado.

Desde mayo de 1980 se agudizó la crisis de la UCD y en septiembre Suárez remodeló su gobierno, un verdadero gobierno de concentración de tendencias dentro de la UCD. La situación fue inviable y el 29 de enero de 1981 Suárez dimitió.

En la sesión de investidura del nuevo presidente de la UCD, Leopoldo Calvo Sotelo, 23 de Febrero de 1981, el país se sorprendió con un intento de golpe de Estado. Venía preparándose desde tiempo antes como reacción ante los cambios, y sobre todo con la excusa de la legalización del Partido comunista (una traición de Suárez y del propio rey), las autonomías y el terrorismo . Un grupo de doscientos guardias civiles armados al mando del teniente coronel Antonio Tejero, entró en el congreso durante la votación. Al mismo tiempo, en Valencia se subleva el capitán general, Milans del Bosh y en Madrid, la División Acorazada Brunete está a punto de sacar los tanques a la calle.

Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no coincidentes del todo. Lo único claro que tenían era paralizar las reformas democráticas. Un conspirador clave fue el general Alfonso Armada, militar muy relacionado con la Casa Real. Armada parecía contar con el visto bueno del propio rey. Tras unas interminables horas, el Rey se dirigió a la nación por televisión en un breve comunicado, desautorizando el intento golpista. Antes de dirigirse a la nación reunió un gobierno con los secretarios de Estado ya que todos los ministros estaban en el Parlamento, y consultó con los capitanes generales de las Regiones Militares. Durante toda la noche los españoles estuvieron unidos a sus transistores. Al día siguiente se rindió Tejero y acabó el golpe. El juicio fue indulgente con los acusados. Y todavía hoy están por esclarecer algunos puntos, se supone que era un golpe menor, como preludio del realmente importante que acabaría con un gobierno de concentración, estando informados tanto elementos de la UCD como del PSOE, o incluso el Rey y los servicios secretos.

El gobierno de Calvo Sotelo no se diferenció de la de Suárez. La ley del Divorcio fue la más controvertida, incluso por miembros de la propia UCD. La Ley de Autonomía Universitaria fue retirada. Calvo Sotelo tampoco consiguió imponerse en su partido, incluso Suárez fundó su propio partido. Las tensiones nacionalistas aumentaban tras la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico –LOAPA-, que fue recurrida por los nacionalistas que pensaban que retiraba la autonomía que concedía la constitución. Fue rectificada en parte por el Tribunal Constitucional.

La mala suerte perseguía al Gobierno, que en mayo de 1981 vio cómo los hospitales se llenaban de pacientes con unos síntomas desconocidos. El “síndrome tóxico” causaría casi mil muertos y los supervivientes arrastrarían dolorosas secuelas de la ingestión de aceite de colza adulterado. Y tuvo que afrontar la responsabilidad en el “caso Almería”: tres jóvenes asesinados por la policía que los confundió con activistas de ETA.

En medio de la desbandada, Calvo Sotelo consiguió meter a España en la OTAN, en medio de la oposición general, e intentó la integración en la CEE. Calvo Sotelo adelantó las elecciones.

Estos son los años del destape, una vez suprimida la censura de espectáculos. La iglesia pierde su antigua influencia. Se pierden los valores tradicionales y se incorporan los nuevos modos de vida. El espíritu de tolerancia. Es el resurgimiento de las culturas locales, y de las nacionalidades. También son los años de un nuevo éxodo rural y de la inseguridad ciudadana y la entrada de la droga (heroína).


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* Grupo de reflexión política formado en 1973 por intelectuales de tendencia democristiana, algunos pertenecientes al régimen. Su órgano de expresión fue el diario católico Ya