1. La situación a la muerte de Franco. El gobierno de Arias
Navarro.
El 20 de noviembre de 1975 muere Franco, y según las Leyes
Fundamentales, debía ser sucedido por el Príncipe de España, don
Juan Carlos de Borbón, que antes debía jurar los Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional, dos días más tarde. Su
discurso fue prudente pero dejaba intuir algunos cambios: sin
referencias a la guerra civil, ni al Movimiento, y sí a la
reconciliación, la libertad y al reconocimiento de las
peculiaridades regionales (“el rey quiere serlo de todos a un
tiempo”).
La nueva situación política estaba abierta y era la época de
las transiciones de la Europa mediterránea (Grecia, Portugal y
España). Los había inmovilistas, que procedían del franquismo
(viejos falangistas, ejército, sindicalismo vertical...) y “después
de Franco, las instituciones”. Dentro también del franquismo
estaban los aperturistas, que pensaban en abrir un poco el régimen,
crear asociaciones políticas, aunque no fueran partidos y establecer
un “contraste de pareceres” dentro siempre del Movimiento
Nacional.
Fuera del régimen estaba la oposición, cada vez más crecida.
Había grupos de oposición moderada (por ejemplo los monárquicos de
don Juan de Borbón, los demócrata-cristianos y liberales) que
preferían el final del régimen por procedimientos no rupturistas y
oposición radical, representada por la izquierda tradicional: el PCE
y el PSOE, los sindicatos clandestinos, UGT, CCOO, USO, CNT, que
hablaban de ruptura. Alrededor del PCE, símbolo de la lucha
antifranquista, y con CCOO, mónarquicos, carlistas se crea la Junta
Democrática (1974). Alrededor del PSOE, con la UGT, el PNV,
Izquierda Democrática, Unión Socialdemócrata... se crea la
Plataforma de Convergencia Democrática. Ambas organizaciones se
unieron en la Coordinación Democrática, popularmente conocida como
Platajunta.
El 22 de noviembre el rey “confirmó” al presidente de
gobierno Carlos Arias Navarro. . El entendimiento con el rey nunca
fue bueno. En este heterogéneo primer gabinete de la monarquía
había militares, viejos franquistas y algunos reformistas
(Garrigues, Fraga o Areilza), los únicos cambios fueron de discurso
(“participación” por “adhesión” al régimen). No hubo
intento de legalizar los partidos políticos, sino algunas leyes
sobre el derecho de asociación y reunión que pudieron facilitar la
organización de éstos, así como un tímido indulto para algunos
presos políticos. En abril de 1976 la situación empezó ha hacerse
difícil: La huelga de Vitoria en la que mueren 5 obreros a manos de
la policía, o los sucesos de Montejurra, en la que dos grupos de
carlistas (liberales y reaccionarios) se enfrentan con el resultado
de dos muertos. El búnker rechazó en las Cortes un tímido proyecto
de Ley de Asociaciones. No se avanzaba en la liberalización
política.
El rey, en un viaje a los Estados Unidos y en unas declaraciones a
Newsweek había declarado su propósito de establecer en
España un régimen democrático y había hablado veladamente de los
problemas con Arias Navarro. Este tardó en asimilar la nueva
situación y presionado por diversos sectores presentó su dimisión
el 1 de julio de 1976. Además, Juan Carlos comunicaba a Pablo VI su
renuncia al privilegio de presentación de obispos.
2. El gobierno de Adolfo Suárez.
El 3 de julio de 1976, a través de la negociación de Torcuato
Fernández Miranda como presidente del Consejo del Reino, fue
nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez, oscuro burócrata
falangista, pero joven y con dominio de los medios de comunicación.
España quedó sorprendida. Suárez tuvo muchas dificultades por la
negativa a integrarse en su gobierno de los políticos importantes,
por lo que su gabinete quedó formado por políticos jóvenes. Con
cautela, se proponía la creación de un nuevo régimen político “de
ley a ley”, de las leyes de Franco a las democráticas. Ultilizó
el decreto-ley para las reformas: amnistía para presos políticos
sin delitos de sangre, suprimir el Tribunal de Orden Público (TOP,
encargado de la represión política), disolver el Movimiento
Nacional... Se enfrentó a los militares cuando legalizó los
sindicatos y el general De Santiago dimitió, siendo sustituido por
Gutierrez Mellado.
La propuesta más ambiciosa se llamó Ley para la Reforma Política
(LRP) y fue elaborada por Torcuato Fernández Miranda. La Ley para la
Reforma Política establecía el sufragio universal, unas Cortes de
dos Cámaras, Congreso y Senado. El Rey podía someterla a referéndum
del pueblo. Sería una Ley Fundamental. Era la clave para las bases
de un sistema democrático, pero tenía que ser aprobada por las
Cortes Franquistas. Con una gran habilidad política (por ejemplo, el
voto nominal) Suárez consiguió que fuera aprobado. Esta votación
supuso el fin de las cortes franquistas, por lo que se le conoce
popularmente como el “Harakiri”.
Por su parte la oposición prefería una ruptura y no terminaba de
convencerse ni siquiera del rey (“Juan Carlos, el Breve” denunció
Santiago Carrillo, líder del PCE, en el exilio), ni mucho menos con
Suárez. Esta oposición había unido sus fuerzas en la Coordinación
Democrática o Platajunta. Su propuesta política era una ruptura:
gobierno provisional de concentración, amnistía, legalización de
partidos, cortes constituyentes. Suárez se fue entrevistando con los
líderes políticos de la oposición, y poco a poco evolucionaría
hacia una reforma pactada. Santiago Carrillo se había introducido
clandestinamente en España y dirigía en la ilegalidad al Partido
Comunista terminó por hacerse detener por la Policía para poder ser
puesto en libertad. Desde la muerte de Franco, aunque eran ilegales,
los partidos actuaban con cierta tolerancia. El PSOE celebró su
XXVII Congreso en Madrid en diciembre de 1976. Felipe González se
mostró moderado.
Esta época de la transición vivió las más intensas
movilizaciones populares, huelgas, manifestaciones, no sólo de
carácter laboral, sino también político, especialmente pidiendo
amnistía y autonomía regional, sobre todo cuando se reconoció el
derecho a la huelga. Entonces se celebró la primera manifestación
feminista. Una de los puntos más importantes fueron los presos
políticos, en 1975 se concedió un indulto, pero la amnistía más
importante no llegó hasta 1977, sin incluir a los implicados en
delitos de sangre. ETA, por su parte seguía entorpeciendo los
intentos democratizadores por medio de atentados que justificaban el
inmovilismo del búnker. El GRAPO, de extrema izquierda, secuestró
en diciembre de 1976 al presidente del Consejo de Estado, y semanas
más tarde al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, y
asesinó a tres policías, lo que obligó al gobierno a decretar el
Estado de Excepción.
La extrema derecha se activó por fuerzas ligadas al aparato
represivo del franquismo y por organizaciones paramilitares de
ideario nazi. Los “Guerrilleros de Cristo Rey”, bandas fascistas
financiadas y organizadas por burócratas del Franquismo y alentadas
por publicaciones como Fuerza Nueva y el periódico
El Alcázar,
camparon libremente con el beneplácito de l policía. Librerías y
publicaciones democráticas fueron sus objetivos (más de cien en
1976). En la misma semana del asesinado de tres policías por el
GRAPO, pistoleros de ultraderecha mataban en la calle de Atocha a
cinco abogados laboralistas vinculados a CCOO y al PCE. Más de un
millón de huelguistas se manifestaron ante la barbarie, pero con
total ausencia de incidentes, lo que contribuiría al pronto
reconocimiento del PCE
La Iglesia poco a poco se fue distanciando del Régimen
franquista. Especialmente significativa es la homilía del cardenal
Tarancón al Rey pidiendo apertura. La jerarquía no temía la quema
de conventos. Por el contrario, los militares, casi en su totalidad
(excepto la UMD) defendía el franquismo y abominaban de las
autonomías que suponen la ruptura de la Patria.
La Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum
popular el 15 de diciembre de 1976 . La oposición pidió la
abstención, pero la participación fue cercana al 70%. Esto supuso
además un fortalecimiento para la postura de Suárez. La labor
urgente era crear las condiciones para que aparecieran los partidos
políticos. Aparecieron grupos políticos de derecha, centro e
izquierda –los más antiguos. En la derecha Alianza Popular de
Fraga Iribarne. En el centro, Adolfo Suárez se acercó algunos
grupos centristas creándose la Unión de Centro Democrático (UCD)
que recoge buena parte del franquismo sociológico. A la izquierda
estaba el PSOE, y un sinnúmero de pequeños grupos de izquierda. El
problema más grave fue la legalización del Partido Comunista. Se
llevó a cabo el Sábado Santo, 9 de abril de 1977. Con gran alegría
para la oposición y disgusto y decepción para los militares y el
búnker. Los comunistas, en señal de conciliación renunciaban a la
bandera republicana y aceptaban la monarquía.
Como muestra de normalización, Juan Carlos recibía de forma
oficial la renuncia de su padre a la corona, conservando el título
de conde de Barcelona.
De acuerdo con la Ley para la Reforma Política, Suárez inició
el proceso preautonómico y la descentralización del Estado de todas
las regiones que lo solicitasen. De esta forma se intentaba responder
a las manifestaciones reclamando los nacionalismos históricos,
catalán, vasco, gallego o andaluz. El primer paso se dio en
Cataluña, donde hubo un amplísimo consenso. Trras la Diada de 1977
(Día de Cataluña), Suárez, por decreto ley restablecía
provisionalmente la Generalitat y se nombraba presidente a Josep
Tarradellas, que lo había sido en el exilio. El caso vasco fue
distinto debido al terrorismo de ETA y a que los nacionalistas
exigían la incorporación de Navarra. El PNV no llegó a a reconocer
la Constitución y exigía la soberanía nacional vasca. A pesar de
ello, en diciembre de 1977 se constituía el Consejo General Vasco,
presidido por Ramón Rubiales. A lo largo de 1978 se crearon por
decreto ley otros entes preautonómicos. La generalización del
proceso dio lugar a prisas e improvisaciones qu no respondían a
necesidades nacionalistas históricas, sino a los intereses de la
clase política.
3. Elecciones generales y Constitución Española
Fueron convocadas el 15 de abril de 1977 para ser celebradas dos
meses después, el 15 de junio. Las elecciones se celebraron con
absoluta normalidad y una participación alta. Los resultados
electorales dieron la mayoría a la UCD. La UCD consiguió 165
escaños, seguidos por el PSOE con 118, PCE con 20 y AP con 16. CIU y
PNV obtuvieron 13 y 8 respectivamente. El centro había prevalecido,
marginando las opciones extremas de izquierda y derecha. El fracaso
más llamativo fue el de la Democracia Cristiana. El sistema había
creado un bipartidismo imperfecto.
Aunque no tenían el rango de Constituyentes, las Cortes se
dedicaron a elaborar una constitución democrática. El proceso fue
de consenso entre los partidos, y fue larga su elaboración. La
comisión encargada de redactar la constitución la formaron Pérez
Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gabriel
Cisneros (UCD), Miquel Roca (CIU), Manuel Fraga (AP), Peces Barba
(PSOE) y Jordi Solé Tura (PCE). Una de las características
fundamentales es que, dentro de una reforma pactada del Franquismo,
la constitución se basó en el consenso.
Además hay que recordar que en estas cortes que se convirtieron
en Constituyentes, no hubo mayoría absoluta de ningún grupo
político. Está acomodada en los supuestos del constitucionalismo
europeo de posguerra, con influencias de la Ley Fundamental de Bonn,
francés e italiano. Un modelo de Estado pluralista, no centralista
pero sí unitario y un régimen de monarquía parlamentaria; todo
ello en el marco de una economía de mercado, es decir, asumiendo el
capitalismo, si bien se posibilita cierta intervención del Estado
como correctivo. Ya en el preámbulo, que aunque en sí no tiene
carácter de norma, enuncia el espíritu democrático, liberal,
respetuoso y protector del bienestar de los españoles y del conjunto
de los pueblos de la Nación.
Los aspectos más polémicos fueron los relativos a la
articulación de las autonomías. Por ejemplo, cuando se votó la
indivisibilidad de la soberanía española, el PNV se abstuvo.
El texto define un Estado no confesional, aunque urge a los
poderes públicos a tener en cuenta la religiosidad de los españoles
y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. La
fórmula intentaba superar los problemas del laicismo en la II
República. Se recogerá la aconfesionalidad del Estado, pero se
tenía en cuenta "las creencias religiosas de la sociedad
española"
Tres corrientes ideológicas influyeron: el liberalismo (derechos
individuales, imperio de la ley, división de poderes), socialismo
democrático (Estado social dentro del capitalismo, es decir, que
puede intervenir para corregir las desigualdades) y el humanismo
cristiano.
El Título Preliminar contiene los valores fundamentales, una
multiplicidad de objetivos, no siempre en estrecha coherencia ni
significado inequívoco. “España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho”, es decir, que es social como principio
orientador a los poderes públicos, por el interés en mejorar el
bienestar de la comunidad, democrático por la participación
ciudadana, y de Derecho porque todos los poderes públicos están
sujetos al cumplimiento de la ley.
La “soberanía nacional reside en el pueblo español”, es
decir que aunque haya sufragio universal, y haya una democracia
representativa, es el conjunto de la nación quien es el titular de
la soberanía. Somos una sola nación y la voluntad popular
constituyente es nacional, de forma que sería imposible cualquier
pretensión de autodeterminación por una parte del territorio
nacional. Sin embargo, la nación que es una e indivisible, reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía (Título VIII). Un ejemplo del
carácter pactado de la transición lo tenemos en la expresión de
que la “constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles”.
Los derechos y deberes fundamentales se dividen en los
individuales, libertades públicas (derecho de reunión pacífica, de
asociación, de educación...). La novedad la suponen los derechos
económicos y sociales, la tercera generación de derechos, los
“derechos potenciales” (protección a la familia, la Seguridad
Social, derecho a la protección a la salud, disfrutar del medio
ambiente, del patrimonio cultural, vivienda digan, integración de
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, defensa de los
consumidores...). Aquí se demuestra el carácter social de nuestro
Estado de Derecho.
La novedad de esta constitución es la figura del Defensor del
Pueblo, proveniente del
Ombudsman sueco y cuyo origen remoto
podemos encontrarlo en el Justicia de Aragón. Es una alto
comisionado elegido por las cortes que tiene como misión defender a
cualquier ciudadano de los derechos del Titulo I.
El artículo 1.3. define la forma política del Estado español
como una Monarquía parlamentaria. Forma política y no forma de
gobierno significa que el rey es jefe de Estado, pero está separado
del Poder Ejecutivo. El rey es símbolo de la unidad de la patria y
sus funciones son de arbitraje –muy controlado- pero con una “zona
de penumbra” muy amplia.
Las disposiciones del Titulo X para la reforma constitucional
hacen prácticamente imposible un cambio que no sea los necesarios
para la integración en Europa.
3.1. La organización territorial del Estado.
Fue el capítulo más polémico de la Constitución, puesto que
había que satisfacer las ansias nacionalistas de vascos y catalanes
sin levantar sospechas de romper la unidad de España. Por ejemplo,
para evitar enfrentamientos se utilizó el neologismo
“nacionalidades” en lugar de regiones o naciones. El Estados de
las Autonomías se fundamenta en la indisoluble unidad de España y
en la existencia de Comunidades Autónomas con órganos e
instituciones territoriales. Es un Estado Unitario, no es federal,
pero no es centralista. La autonomía partirá siempre de la
solidaridad entre las regiones, no pueden existir fronteras dentro
del territorio español.
La fórmula para acceder a la autonomía varía según se trate de
una comunidad histórica, es decir, con estatuto de autonomía en la
república o no. Para los primeros está pensado el artículo 151 y
la general es el 143. El 151 prevé una autonomía más rápida y con
mayores competencias, una mayor ventaja. El caso de Andalucía fue
excepcional en la previsión constitucional.
Los artículos que asignan competencias están plagados de
excepciones y frases equívocas para permitir –o no- una mayor
autonomía. Hay competencias que son exclusivas del Estado central:
nacionalidad inmigración, defensa, relaciones internacionales,
legislación mercantil, penal, laboral, civil, sistema monetario... Y
las Comunidades Autónomas pueden tener potestad legislativa,
ejecutiva o ambas sobre estas cuestiones.
Las CCAA tendrán una Asamblea Legislativa, por sufragio
universal. Un consejo de Gobierno con su presidente. Un Tribunal
superior de Justicia y un Estatuto de autonomía, con rango de Ley
Orgánica. También tienen sus recursos propios por impuestos cedidos
o especiales, además de las transferencias de un fondo de
compensación interterritorial.
Los estatutos vasco y catalán siguieron un proceso similar,
aunque los resultados fueron diferentes. Fueron aprobados por Cortes
y refrendados electoralmente el 25 de octubre de 1979. El catalán de
manera rotunda, mientras que en el País Vasco hubo más oposición,
porque Herri Batasuna (brazo político de ETA) pidió la abstención.
En marzo de 1980 celebraron sus elecciones autonómicas.
4. Los Pactos de la Moncloa.
Suárez constituiría su segundo gobierno, el primer gobierno de
partido, en julio de 1977. Paralelamente a la Constitución se
encargaron de afrontar los problemas económicos derivados de la
crisis del petróleo. Las líneas principales del nuevo gobierno
adelantaban los pasos de la transición: institucionalización de las
regiones en autonomías, negociar con la comunidad Económica
Europea, combatir la inflación, y el déficit exterior, afrontar el
paro y la reforma fiscal.
El final del franquismo, aunque aumento la renta per cápita, no
lo hizo de una manera equitativa, y además, la transición coincide
con la depresión ligada a la crisis del petróleo en 1973: subida
del precio del petróleo, recesión de mercados, paro... Esto llevó
a la inflación (26%), favorecido por el incremento del déficit del
Estado. Las condiciones económicas llevaron a los enfrentamientos
sociales pidiendo no sólo libertades sino también reivindicaciones
salariales. Parte de los empresarios, muy ligados al franquismo,
retiraron sus inversiones.
Uno de los grandes aciertos de Suárez fueron los Pactos de la
Moncloa, impulsados por el vicepresidente Fuentes Quintana, firmados
el 25 de octubre de 1977 por el gobierno y representantes de los
partidos políticos. Fueron acuerdos a tres bandas: gobierno,
empresariado, partidos-sindicatos, y tuvieron como objetivo
fundamental la convalidación por la clase obrera del modelo
económico y social que se establecería en la constitución. Los
Pactos preveían reducir la inflación, acometer la reforma fiscal,
la de la Seguridad social y la Empresa Pública. Los firmantes se
comprometían a apoyar un nuevo marco de relaciones laborales:
aumentos salariales conforme a la inflación prevista más un
incremento.
Los efectos de los Pactos de la Moncloa permitieron a los
políticos concentrarse en la Constitución y mejoraron la paz
social, descendieron la conflictividad y la normalización de las
relaciones laborales. Se ha intentado salir de la crisis con
subvenciones al paro, indulgencia fiscal, permisividad de cierre
empresarial y con la rebaja del valor del trabajo.
Estos ambiciosos planes no pudieron realizarse a corto plazo. Se
emprendió la reforma de la Hacienda: un sistema basado en tres
grandes contribuciones: las de la renta –de personas o IRPF y
sociedades-, los impuestos sobre el gasto y los gravámenes sobre el
patrimonio y las transmisiones. Se empezó la persecución de los
defraudadores.
5. Del gobierno de la UCD de 1977 al de Calvo Sotelo. El golpe
de Estado del 23F.
Después de la aprobación de la constitución, la UCD ganó de
nuevo las elecciones de 1979, con un escaso margen. Los resultados
mostraban que había dos grandes partidos, UCD y PSOE. Avanzaban los
partidos nacionalistas y la extrema derecha conseguía un escaño.
Pero las elecciones municipales, las primeras de la democracia dieron
el triunfo selectivo de la izquierda: los grandes núcleos urbanos
pasaron a poder del PSOE. La UCD pretendió hacer una política
reformista, pero la falta de cohesión y la presión del PSOE y los
nacionalistas hicieron inviable su liderazgo.
Después de los Pactos de la Moncloa se elaboraron otra serie de
leyes más polémicas. El PSOE presentó una moción de censura al
gobierno, que de acuerdo con la constitución tendría que proponer
un candidato, Felipe González. Suárez superó la moción pero salió
muy debilitado. Se agudizó la crisis de la UCD y el 29 de enero de
1981 Suárez dimitió.
En la sesión de investidura del nuevo presidente de la UCD,
Leopoldo Calvo Sotelo, 23 de Febrero de 1981, el país se sorprendió
con un intento de golpe de Estado. Venía preparándose desde tiempo
antes como reacción ante los cambios, y sobre todo con la excusa de
la legalización del Partido comunista (una traición de Suárez y
del propio rey), las autonomías y el terrorismo . Un grupo de
doscientos guardias civiles armados al mando del teniente coronel
Antonio Tejero, entró en el congreso durante la votación. Al mismo
tiempo, en Valencia se subleva el capitán general, Milans del Bosh y
en Madrid, la División Acorazada Brunete está a punto de sacar los
tanques a la calle.
Los objetivos de los golpistas eran confusos y seguramente no
coincidentes del todo. Lo único claro que tenían era paralizar las
reformas democráticas. Un conspirador clave fue el general Alfonso
Armada, militar muy relacionado con la Casa Real. Armada parecía
contar con el visto bueno del propio rey. Tras unas interminables
horas, el Rey se dirigió a la nación por televisión en un breve
comunicado, desautorizando el intento golpista. Antes de dirigirse a
la nación reunió un gobierno con los secretarios de Estado ya que
todos los ministros estaban en el Parlamento, y consultó con los
capitanes generales de las Regiones Militares. Durante toda la noche
los españoles estuvieron unidos a sus transistores. Al día
siguiente se rindió Tejero y acabó el golpe. El juicio fue
indulgente con los acusados. Y todavía hoy están por esclarecer
algunos puntos, se supone que era un golpe menor, como preludio del
realmente importante que acabaría con un gobierno de concentración,
estando informados tanto elementos de la UCD como del PSOE, o incluso
el Rey y los servicios secretos.
El gobierno de Calvo Sotelo no se diferenció de la de Suárez. La
ley del Divorcio fue la más controvertida, incluso por miembros de
la propia UCD. Calvo Sotelo tampoco consiguió imponerse en su
partido, incluso Suárez fundó su propio partido. Las tensiones
nacionalistas aumentaban tras la aprobación de la Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómico –LOAPA-, que fue recurrida
por los nacionalistas que pensaban que retiraba la autonomía que
concedía la constitución. Fue rectificada en parte por el Tribunal
Constitucional.
La mala suerte perseguía al Gobierno, que en mayo de 1981 vio
cómo los hospitales se llenaban de pacientes con unos síntomas
desconocidos. El “síndrome tóxico” causaría casi mil muertos y
los supervivientes arrastrarían dolorosas secuelas de la ingestión
de aceite de colza adulterado. Y tuvo que afrontar la responsabilidad
en el “caso Almería”: tres jóvenes asesinados por la policía
que los confundió con activistas de ETA.
En medio de la desbandada, Calvo Sotelo consiguió meter a España
en la OTAN, en medio de la oposición general, e intentó la
integración en la CEE. Calvo Sotelo adelantó las elecciones.
Estos son los años del destape, una vez suprimida la censura de
espectáculos. La iglesia pierde su antigua influencia. Se pierden
los valores tradicionales y se incorporan los nuevos modos de vida.
El espíritu de tolerancia. Es el resurgimiento de las culturas
locales, y de las nacionalidades. También son los años de un nuevo
éxodo rural y de la inseguridad ciudadana y la entrada de la droga
(heroína).
6. El final del gobierno de la UCD. Los gobiernos de Felipe
González
La UCD perdía sus energías por sus divisiones. El PSOE se
preparaba para la conquista del poder, comenzando por modernizar
ideológicamente el partido. Se abandona el dogmatismo “Hay que ser
socialistas antes que marxistas” (Felipe González, 1979). El
discurso obrerista y regionalista sirvieron para acabar con la UCD,
pero cambió de estrategia para convertirse en un partido de masas,
de políticos jóvenes no manchados por el franquismo. El anticipo de
la victoria vino en las municipales y las elecciones andaluzas de
1982. La campaña electoral prometía sanear la administración, una
política socialdemócrata, un referéndum sobre la permanencia en la
OTAN, 800 000 puestos de trabajo y “El cambio”. Las elecciones se
celebraron el 28 de octubre de 1982, en medio de un entusiasmo
general (abstención de sólo el 20%). El PSOE ganó con mayoría
absoluta (202 diputados de 350). Se benefició del deterioro de UCD y
la crisis del PCE (Santiago Carrillo dimitió). Manuel Fraga
consiguió convertirse en líder de la oposición con Alianza
Popular. CiU y PNV se reafirmaban como las principales fuerzas
nacionalistas.
1. Cambios económicos.
El 3 de diciembre de 1982, Felipe González en la presidencia,
Alfonso Guerra de vicepresidente queda constituido el primer gobierno
socialista. La mayoría absoluta les capacitaba para poder llevar a
cabo una política sin concesiones ni negociación. Por eso
rápidamente, “la economía primero”, afrontaron la impopular
decisión de la “reconversión industrial”. La grave situación
económica heredada (inflación, déficit público...) llevó al
equipo económico (Boyer en Hacienda, Solchaga en Industria) a tomar
medidas de corte literal, una dura política de ajuste. Evaluación
de la peseta, cierre de numerosas fábricas, sobre todo en
siderurgia, construcción naval y electrodomésticos... Aparte
jubilaciones anticipadas y reducción de plantillas. Las regiones
industriales del norte (País Vasco, Santander, Asturias) fueron las
más afectadas por el programa de reconversión, que provocó una
etapa de violentas huelgas y disturbios, en la que se acusó al PSOE
de traicionar al electorado.
Sin embargo no se nacionalizó nada salvo la red eléctrica, y se
privatizaron empresas del INI, por ejemplo SEAT. Lo que provocó una
más fuerte reacción fue la expropiación del holding RUMASA,
propiedad de José Mª Ruiz Mateos. La derecha lo consideró un
verdadero atraco, pero la banca lo apoyó. Las empresas fueron
rápidamente privatizadas. Un caso similar fue el de Banca Catalana.
Como consecuencia del escaso crecimiento de la economía, el
empleo continuó cayendo, del 16% de paro se pasa al 22% en 1985, la
más alta de la Comunidad Europea. La acción del gobierno se centró
en programas de promoción de empleo, planes de jubilación
anticipada y flexibilización del mercado de trabajo. Hay que ser
conscientes que la población activa es la más alta del siglo por
llegar a la edad adulta las generaciones del
baby boom.
La reforma fiscal continuó, se mejoró la gestión, los
inspectores de Hacienda, elevación de impuestos y persecución del
fraude. Las medidas de saneamiento tuvieron efectos positivos como la
bajada de la inflación, que coincidió con el descenso en el precio
del petróleo y la caída del dólar, lo que permitió una cierta
recuperación de la bonaza comercial. Sin embargo, la pérdida de
salario real amenazó gravemente las condiciones de vida de los
trabajadores, y los sindicatos, que habían respaldado la moderación
salarial mediante los pactos con la patronal y el Gobierno, se
lanzaron a la calle. UGT, sindicato cercano al PSOE acabó por
enfrentarse a él.
El mayor problema de subsistencia se encontraba en Extremadura y
Andalucía y para mejorar la situación de los jornaleros, se
estableció, el Plan de Empleo Rural (PER), que facilitaba unos
fondos a los ayuntamientos para contratar trabajadores para realizar
obras en sus municipios. La adjudicación de los subsidios suscitó
sospechas de fraude y la oposición acusó a los socialistas de crear
clientelismo –voto cautivo-.
La política de protección social o de búsqueda del Estado del
bienestar se retrasó más y fue menos perfecta. Empezó en los años
ochenta, pero no se aceleró hasta después de 1988. El gran problema
fue el paro y la protección de los desempleados. Pensiones, sanidad
y desempleo se convirtieron en los tras fundamentos del gasto social
español.
Desde la entrada en la CEE, la inversión extranjera empujó la
economía y el desempleo comenzó a disminuir. Aumentaron los
ingresos por turismo, la actividad bancaria... Se introdujo el nuevo
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), se redujo el déficit público
y aumentó el poder adquisitivo de los ciudadanos. Los grandes
negocios inmobiliarios y el aumento de la especulación amenazaban la
economía. El ingreso en el Sistema Monetario Europeo supuso unas
altos tipos de interés que atrajeron a España divisas. Pero los
flujos de dinero no se orientan hacia la industria, sino hacia la
especulación (“cultura del pelotazo”).
Los movimientos de concentración empresarial se iniciaron para
mejorar la “competitividad”, fusiones de bancos (ej. Argentaria),
y terminaron con una “exhibición aparatosa del dinero”: España
era “uno de los países donde más y más rápido se podía ganar
dinero” (C. Solchaga, ministro de Economía).
Esta relativa prosperidad permitió a los socialistas extender las
prestaciones sociales y aumentaron los gastos de la Seguridad Social,
se introdujeron las pensiones no-contributivas. Para solucionar el
paro de los que buscaban el primer empleo en algunas comunidades
autónomas se intentó un “salario social”. También aumentaron
la infraestructura de comunicaciones (AVE).
Los fastos del 92 costaron demasiado a un país en crisis
económica y con tres millones de parados. La peseta se devaluó tres
veces y quebró la multinacional KIO. El tratado de Maastricht exigía
tantos sacrificios económicos que se empezó a desconfiar del
proyecto europeo.
2. Cambios sociales.
-
Reforma educativa: Jose Mª Maravall, ministro de
educación emprendió una reforma para equiparar el sistema educativo
español a los países de la CEE y adaptarlo a las autonomías. La
LODE (1984) impondría el control público de los centros privados
“concertados”. Para entorpecer la aplicación de la ley hubo
numerosas manifestaciones apoyadas por la Iglesia, propietaria de una
extensa red de centros concertados. Después vendría la LRU (Ley de
Reforma Universitaria) y aprobaría en 1990 la LOGSE, que ampliaba a
los 16 años la escolarización obligatoria y aplicaba el principio
de enseñanza comprensiva.
-
Relaciones con la Iglesia. Se fueron deteriorando, pero
era consciente que un enfrentamiento con el PSOE fuera utilizado como
arma electoral por la derecha, y es que era patente el
conservadurismo de las autoridades eclesiásticas. La despenalización
del aborto, prohibición de uso de catecismos en las escuelas sin
autorización oficial y la forma de tratar temas religiosos por los
medios de comunicación del Estado y la legislación educativa fueron
las batallas. Además del apoyo de los obispos vascos a las tesis de
autodeterminación cercanas a ETA.
- Se modificó el
código civil y la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Asimismo se reformaron instituciones fundamentales como el
ejército y la administración del Estado. Uno de los grande éxitos
del PSOE fue canalizar el patriotismo del ejército hacia la defensa
de la democracia. Se fortaleció el ministerio de defensa con
numerosos cargos políticos y se estableció un nuevo régimen
disciplinario, se suprimió el Consejo de Justicia Militar. Es la
supremacía del poder civil. Lo cierto es que se calmó el ruido de
sables.
3. Las relaciones exteriores.
Siguiendo las directrices electorales de “país occidental y
europeo, con una fuerte dimensión mediterránea y una clara vocación
iberoamericana”. Mejoraron las relaciones con Europa (apertura de
la verja de Gibraltar), y culminó con el ingreso de España en la
CEE –a pesar de la obstaculización de Francia y gracias a las
presiones de EEUU y del apoyo de Alemania.-.
“OTAN, de entrada no” era la consigna electoral del PSOE que
se había comprometido a celebrar un referéndum para retirarse de la
OTAN, pero González se dio cuenta de que la retirada de la OTAN no
favorecía a su gobierno y tuvo que rectificar y aplicar la
disciplina de partido. Después de gran expectación se celebró el
referéndum con el gobierno volcado en el sí, y la oposición de la
derecha defendiendo una abstención ilógica. Asociaciones
pacifistas, grupos de intelectuales ciudadanos decepcionados se
unieron en un gran movimiento anti-OTAN. El referéndum fue ganado
por el gobierno (60% de votantes, 53% de sí) utilizando
insinuaciones de no poder entrar en la CEE, ni Juegos Olímpicos... Y
además se prometió que no se entraría en la estructura militar.
Supuso una posición pragmática, de razón de Estado frente a
ideología y despojó al PSOE de su imagen de izquierda, muy
deteriorada por su política neoliberal.
La integración de España en la CEE fue el aspecto más
importante. El 12 de junio de 1985 se firmaba la adhesión. el
período de adaptación comprendió entre 1986 y 1993, en el que
desaparecieron paulatinamente los aranceles, aunque se perdieran los
beneficios del tratado preferencial. A cambio se tuvo la ventaja de
los fondos de cohesión y otras ayudas para el desarrollo. Después
vendrá el Tratado de Maastricht (1992), por el que se daba paso a la
Unión Europea.
4. La evolución política.
En las elecciones de 1986 el PSOE perdió más de un millón de
votos, pero mantuvo su mayoría absoluta. El partido Popular (ahora
Coalición Popular) no consiguió los votos de la UCD, Fraga fue
sustituido. Los comunistas se reorientaron en Izquierda Unida y
obtuvieron 7 diputados. Los problemas del PNV, acabaron dividiendo a
Esko Alkartasuna (Solidaridad Vasca, EA), favorecieron el ascenso de
Herri Batasuna. En las elecciones vascas el PNV tuvo que pactar con
el PSOE.
En medio de la tranquilidad de la mayoría, comenzó una huelga de
estudiantes primero contra los planes de estudios y luego contra la
masificación. En febrero de 1987 Madrid, Barcelona, Valencia... El
gobierno finalmente aceptó negociar.
Por el contrario, los sindicatos rechazaron la política económica
del gobierno. La UGT se separó del gobierno, Nicolás redondo
abandonó su escaño. UGT y CCOO, en unidad de acción, acusaban al
gobierno de impulsar la recuperación con un elevado coste social, y
convocaron una huelga general el 14 de diciembre de 1988. Sin
embargo, no impidió que el PSOE volviera a ganar las elecciones
generales y que gobierno y sindicatos alejaran posturas. Una nueva
huelga general en mayo de 1992.
El problema del terrorismo de ETA no ha encontrado solución, a
pesar de los intentos del gobierno de crear fisuras ofreciendo
reinserción social a sus miembros (ej. Yoyes). Los partidos
contrarios a la violencia de ETA firmaron el Pacto de Ajuria Enea
para erradicar la violencia. En este contexto, el Gobierno inició en
1989 las conversaciones de Argel con la dirección de ETA. Aumentó
la colaboración policial con Francia. A partir de 1989 el Ministerio
acentuó la dispersión de los presos de ETA. También es la época
de la guerra sucia contra ETA, con el caso GAL.
Proseguía el desgaste del voto socialista. La derecha se había
reorganizado en el Partido Popular, con un nuevo líder, José María
Aznar, y una orientación de centro-derecha. Izquierda Unida se
benefició del desgaste de los socialistas quedaba muy lejos. Los
graves problemas eran el tráfico de influencias, que socavaba el
prestigio del partido en el gobierno y la Ley de Seguridad Ciudadana.
La corrupción afectaba sobre todo al PSOE a causa del inmenso poder
de la mayoría absoluta, pero también hay irregularidades en otros
ámbitos. El vicepresidente del gobierno tuvo que presentar su
dimisión, y se dividió el partido entre guerristas y felipismo.
Los escándalos de corrupción política fueron creando un clima
de "crispación", tanto mediática (tertulias radiofónicas
principalmente) como política en el parlamento. El caso de Juan
Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno; el de Mariano Rubio,
gobernador del Banco de España y especialmente el del director de la
Guardia Civil, Luis Roldán, pusieron en entredicho la honradez
política de esos cargos y la de aquellos que los nombraron o debían
controlar. El caso Filesa, por su parte dejaba al descubierto una
trama de financiación ilegal del PSOE. La oposición del PP
aprovechó todos estos escándalos para acosar sistemáticamente al
gobierno.
Otros aspectos importantes fueron la Guerra del Golfo que hizo
resurgir el movimiento pacifista que también se ocupó de protestar
contra el servicio militar. Las elecciones del 93 fueron muy
disputados y de gran agresividad. Ganaron los socialistas pero se
quedaron sin mayoría absoluta. En vez de una coalición con
Izquierda Unida prefirieron pedir ayuda parlamentaria al nacionalismo
conservador del PNV y CiU. No llegaron a un gobierno de coalición,
con lo que Jordi Pujol llegó a tener un peso importante en la
política nacional. El PSOE también se enfrentaba a escándalos
financieros y a la división del partido de los guerristas. Para
acabar con el paro se llevó a cabo una política de contratación
temporal, los “contratos basura” y los sindicatos UGT y CCOO
convocaron una tercera huelga general con escaso éxito.
7. El triunfo del Partido Popular en 1996.
En las elecciones generales de 1996 ganó el Partido Popular con
una mayoría relativa, por lo que necesitó el apoyo de los partidos
nacionalistas (CiU, PNV, Coalición Canaria). La acción del gobierno
en esta primera legislatura tuvo un talante de moderación y
negociación, por los temores a que el retorno de los conservadores
podría suponer una involución democrática. Esto supuso la
confirmación de la derecha como una alternativa democrática, con
ministros procedentes de la antigua UCD o una generación más
jóvenes.
Llevó a cabo una política social iniciando el diálogo con los
sindicatos y una aproximación a los nacionalistas, de los que
dependía la estabilidad del gobierno. Sin embargo, se produjo un
agravamiento de la cuestión vasca. En política internacional el
objetivo fue la consecución de la integración monetaria de España
en la Europa del Euro. Se abolió el servicio militar obligatorio.
Hubo también unos avances significativos en la lucha
antiterrorista, a través de la desarticulación de comandos y la
movilización social en el País Vasco y en el resto de España. La
más espectacular fue tras el asesinato del concejal del PP Miguel
Angel Blanco. Sin embargo los atentados continuaron después de la
tregua de ETA (1998/99). En el País Vasco el PP consiguió avances
electores y a cambio el PNV radicalizó su postura firmando con HB el
Pacto de Estella o Lizarra que tenía como finalidad la
autodeterminación de Euskadi.
La buena coyuntura económica de Europa y el éxito de la
incorporación a la Unión Europea permitieron que España iniciara
una etapa de expansión, creciendo anualmente más del 3%,
descendiendo el paro y creciendo el empleo, pero de una manera
temporal y precaria. También se ha seguido una política de
privatización de empresas públicas (Endesa, Tabacalera, Repsol,
Telefónica...), con lo que ayudaba al equilibrio de los
presupuestos.
1. El gobierno con mayoría absoluta.
En las elecciones de marzo del 2000 el PP logró la mayoría
absoluta. El nuevo gobierno, también presidido por Aznar pudo
desarrollar los objetivos de su programa electoral sin necesidad del
diálogo y optó más por la confrontación: reformas educativas (Ley
de Calidad de la Enseñanza, Ley de Reforma Universitaria), laboral
(recorte de derechos laborales como el PER), ley de Extranjería, que
provocaron notables protestas sociales (huelga general de
2002).Igualmente las relaciones con el gobierno vasco alcanzaron gran
tensión política. Como también sucedió con el caso del Prestige.
El crecimiento económico se frenó, no cumpliéndose la reducción
de la tasa de inflación y los esfuerzos por lograr el déficit cero
en los presupuestos, con lo que se deterioraron ciertos servicios
públicos. En política exterior, se produjo un cambio radical en las
alianzas exteriores, al acercarse a los Estados Unidos, en perjuicio
del tradicional alineamiento europeo. Ejemplo grave fue el apoyo a la
intervención en Irak.
Según parece, además del rechazo hacia la posición del gobierno
ante la guerra, ante el problema del
Prestige, y sobre todo el
brutal atentado del 11-M y las dudas sobre la información facilitada
por el gobierno, que mantuvo en un principio la autoría de ETA,
motivaron un voto mayoritario hacia el PSOE en las elecciones del
14-M de 2004.